En España, se ha conseguido posicionar un discurso sesgado, falaz, sin rigor técnico e impregnado de medias verdades y completas mentiras sobre la “indiscutible” e “irrefutable” culpabilidad de las energías renovables en el déficit tarifario y de los restantes males del sector eléctrico español. La reforma energética española ha aniquilado, en contados años, al régimen especial y sumido en una profunda crisis, paralización e inseguridad jurídica al sector renovable. La desvergonzada adopción, por parte del Estado español, de los intereses y necesidades del lobby eléctrico se revela en la implementación de mecanismos de rescate a las centrales más contaminantes, en particular, a las centrales de ciclo combinado. El mercado eléctrico liberalizado corre presuroso a refugiarse en las faldas del Estado cuando las cosas están mal avenidas, exigiendo pagos, leyes retroactivas y destrucción de sus competidores limpios. Entre los mecanismos de rescate más alucinantes se encuentra el pago por capacidad. Un dinero asignado a ciertas centrales por el simple hecho de existir. Resulta insultante e indignante en un país de millones de parados, que una tecnología sucia y contaminante cobre por no hacer nada y no producir nada.

En España, en noviembre del año 1997, durante el primer gobierno de José María Aznar, se promulgó la Ley 54/1997 también conocida como Ley del Sector Eléctrico. La mencionada ley avaló la creación de un mercado eléctrico y el funcionamiento de un sistema de regulación con el objetivo primordial de garantizar un suministro eléctrico al menor coste posible. 17 años después en España, los españoles pagan el tercer precio de electricidad más caro de Europa, después de las islas de Malta y Chipre. El sistema eléctrico español presenta un exceso de potencia instalada en ciclos combinados e inexplicables sobreganancias al precio de la energía proporcionada por la centrales nucleares e hidroeléctricas, ya más que amortizadas. La irracionalidad del mercado eléctrico español pretende trasladar los errores y horrores de un modelo neoliberal desquiciado y fundamentalista a los indefensos usuarios en connivencia con un Estado funcional a las grandes corporaciones y lobbys eléctricos, autista, corrupto y distanciado de las exigencias y sufrimientos de amplias sectores de la población española.