El destape del complejo entramado de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht para la obtención de suculentos contratos estatales, certificó una triste y conocida realidad nacional: la connivencia de las principales autoridades de los sucesivos gobiernos democráticos en la construcción de un capitalismo de amigotes y el establecimiento de un estilo consentido de gobernar embarrado en corrupción. Un Estado servil a los intereses de empresas privadas corruptas y corruptoras, que lo convierte en complice activo de las vergonzosas corruptelas acaecidas en diferentes mega proyectos emblemáticos. Entre ellos destaca el Gasoducto Sur Peruano, GSP, una infraestructura con una inversión superior a 7 mil 300 millones de dólares que se estaba financiando por un recargo al usuario en la tarifa eléctrica hasta que explotó el entramado de corruptelas de Odebrecht. El Perú convive con un Estado cuyas máximas autoridades elegidas, incluidos ex-presidentes, participan voluntariosamente en corrupciones, faenones y demás miserias delictivas. Además, pretende convencer a los ciudadanos que puede combatir, juzgar y desaparecer el cáncer de la corrupción que nace de sus propias entrañas. Ningún gobierno puede luchar contra la corrupción cuando el Estado y gobierno conforman una amalgama orgánica enferma de corrupción.