Los pasivos medioambientales dispersos a lo largo y ancho del Lote 192 son la herencia hiriente del peor negocio de destrucción socioeconómica y medioambiental de la selva peruana: el negocio de extracción de petróleo. Ante la recurrente negativa de las empresas petroleras a asumir sus obligaciones de remediación de los pasivos medioambientales, el Estado peruano deberá gastar miles de millones de dólares en remediar inmensos territorios contaminados, mientras las empresas petroleras se dedican a judicializar las multas y desentenderse de sus responsabilidades de recuperación y saneamiento de las zonas contaminadas por derrames petroleros.

50 años de explotación del Lote 192 se resumen en la sistemática destrucción de los ecosistemas amazónicos, irreversibles impactos a las fuentes de agua y contaminación de los ríos, que implican no sólo un riesgo para la vida y disfrute del hábitat natural de las comunidades amazónicas sino, además, una grave afectación del derecho a la provisión de agua para beber y alimentarse, y por tanto, a la salud, a las prácticas ancestrales de subsistencia y al universo simbólico y cultural de las comunidades amazónicas. El temor a morir por la contaminación causada por los derrames de las explotaciones petroleras es una constante indiscutible en el día a día de las comunidades amazónicas.

La pusilanimidad e indolencia del Estado peruano ante los atentados medioambientales de las empresas petroleras a las comunidades amazónicas y sus principales fuentes de agua y alimentos es aleccionadoramente vergonzoso. El Estado peruano ha sido incapaz de articular una normativa de respeto medioambiental integral para la Amazonía y desvela una actitud  pusilánime a las constantes trasgresiones de las empresas petroleras. 50 años de explotación petrolera ha permitido a algunas empresas obtener miles de millones de dólares en ganancias, pero ha destruido impunemente el hábitat natural de decenas de comunidades amazónicas. La negativa de las empresas petroleras a asumir su responsabilidad en la remediación de los impactos medioambientales implica que el Estado peruano deberá encargarse de invertir miles de millones de dólares en remediar las zonas afectadas. En la selva peruana, el negocio petrolero es un principal causante de la destrucción medioambiental de la Amazonía peruana. Un negocio muy suculento para las empresas petroleras, pero un negocio nefasto para el futuro de las comunidades amazónicas y un agujero negro económico para el Estado peruano y la economía del Perú.        

Gran Negocio para las Empresas Petroleras

El Lote 1AB, hoy dividido en el Lote 8 y el Lote 192, fue explotado desde mayo del 2001 por la empresa PlusPetrol Perú, con un pago de regalías de alrededor del 30% de los ingresos de las ventas del petróleo extraído. Entre mayo del año 2001 y octubre del 2015, fecha de finalización del contrato con PlusPetrol, el Estado peruano obtuvo aproximadamente unos mil 964 millones en regalías por explotación del Lote 1AB, tabla 1. El monto total de ventas por la producción de crudo extraída, en el periodo analizado de 15 años, superó los 6 mil 550 millones de dólares, mientras la inversión realizada por la empresa PlusPetrol alcanzó un total de 680 millones de dólares, con un promedio anual de inversiones de aproximadamente 45 millones de dólares, según datos de Perúpetro.

Tabla 1: Datos técnicos y económicos de la actividad petrolera en el Lote 1AB entre mayo 2001 a octubre 2015

Si se considera un precio promedio del coste de producción por barril a 26 dólares, en los 15 años analizados, la utilidad neta de Pluspetrol de explotación del Lote 1AB superaría a los 1250 millones de dólares. El economista Jorge Manco Zaconetti, en su artículo de septiembre del 2015 “El Lote 192 para PetroPerú al 100%”, estimó que la utilidad neta de PlusPetrol, entre 2002 y 2013, fue de casi 1190 millones de dólares. De la tabla 1, además, se deduce que exceptuando los años 2001 y 2015, con precios reducidos de petróleo, en los restantes 13 años de explotación del Lote 1AB, las ventas de PlusPetrol superaron los 300 millones de dólares anuales, con un pico de ingresos superior a los 700 millones de dólares en el año 2008. En 15 años de explotación del Lote 192, la empresa petrolera PlusPetrol perforó tan sólo 3 pozos exploratorios y 34 pozos de desarrollo de las reservas probadas existentes. Se deduce, claramente, que la intención de la empresa PlusPetrol ha sido exclusivamente de extraer las reservas marginales remanentes del Lote 1AB, sin preocuparse por la actividad de exploración de nuevas reservas, consciente de que explota un yacimiento depletado, ni por la remediación de los pasivos medioambientales heredados de la Occidental Petroleum. El Estado peruano entregó centenas de millones de dólares a una empresa privada que no exploró adecuadamente y que se dedicó estrictamente a ordeñar hasta la extenuación los pozos de explotación. Negocio redondo. En el Lote 192 se considera que existen alrededor de unos 100 millones de barriles de reservas probadas que equivaldrían a aproximadamente 6 mil millones de dólares de ventas de crudo a un precio de referencia de 60 dólares por barril, pero cuya explotación implicaría continuar y acentuar la destrucción de la selva peruana.

Pasivos Medioambientales para el Estado peruano

La Amazonía peruana ha sufrido un largo historial de derrames con trágicas consecuencias para el medio ambiente. Basta con recordar el triste legado de la empresa petrolera americana OXY durante 30 años de explotación en la selva peruana. Las reclamaciones por contaminación y destrucción del entorno natural de los pueblos originarios son innumerables y es el claro reflejo del grave impacto que ocasionan estas actividades en sus territorios. El caso más escandaloso de destrucción medioambiental en la Amazonía peruana es el causado por la explotación de hidrocarburos del Lote 1AB – dividido actualmente en el Lote 192 y Lote 8, figura 1. El aumento de los derrames, el incumplimiento de los mecanismos de gestión medioambiental y el desconocimiento de responsabilidad de PlusPetrol ha exacerbado el nivel de conflictividad social.

Los derrames han desprovisto a las poblaciones de suministro de agua para el consumo humano y de los peces y animales de caza, afectados por las fuentes de agua contaminadas. Un atentando inaceptable contra la seguridad alimentaria de las poblaciones y su vínculo ancestral con la naturaleza, el territorio y la identidad colectiva.

Figura 1: Ubicación geográfica del Lote 1AB, conformado por los Lotes 192 y 8.

Figura 2: Mapa de pasivos ambientales contaminados en el Lote 192.

Según el Observatorio Petrolero de la Selva Norte, OPSN, la compañía PlusPetrol, en enero de 2015, antes de concluir sus operaciones, informó al Estado peruano de la existencia de 2014 pasivos ambientales contaminados dentro del Lote 192 y se retiró sin cumplir con sus obligaciones de remediación ambiental, figura 2. Si bien no existe una evaluación económica real de los costes de remediación, las experiencias de remediación en otros países de similares características, como Ecuador y Nigeria, indican que podría oscilar entre 200 y 1000 millones de dólares.

En febrero del año 2020, OXFAM presentó el estudio “La sombra del petróleo: Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019”, que indica la existencia de 1199 sitios impactados en el Lote 192. El Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, inició con un capital semilla de 50 millones de soles, que se empleó en la caracterización y priorización de Planes de Rehabilitación de 32 de los 1192 sitios impactados: 7 en la cuenca del río Pastaza, 13 en la cuenca del río Corrientes y 12 en la cuenca del río Tigre. Así, con dinero del Estado peruano se procederá a la remediación de los territorios contaminados por empresas petroleras privadas. En el año 2019, el Estado peruano confirmó la transferencia de 183,4 millones de soles para la remediación, que apenas alcanzaría tan solo para 10 de los sitios impactados. El coste de la remediación de los 32 sitios impactados implicaría un gasto para el Estado de alrededor de 628 millones de soles, figura 3. Restarían unos 1167 sitios impactados, el coste de la remediación ambiental podría fácilmente superar los casi 2000 millones de dólares, obtenidos en calidad de regalías por la explotación del Lote 192 entre los años 2001 y 2015. Mal negocio para el Estado peruano: entregar miles de millones en pingües ganancias a empresas petroleras privadas, sin responsabilidad ambiental y social, y heredar la remediación de los pasivos ambientales por miles de millones de dólares. Así, de una forma tan absurda como ingenua, el Estado peruano se dedica a subvencionar los negocios privados de las empresas petroleras, en lugar de hacer efectivo los cobros de las multas por graves e irreversibles impactos medioambientales.  

Figura 3: Mapa de pasivos ambientales contaminados en el Lote 192.

Por otro lado, es importante indicar que, entre los años 2015 y 2020, la Dirección de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, ha registrado más de 90 derrames de petróleo en el Lote 192 bajo la operación de la empresa canadiense Frontera Energy, anteriormente denominada Pacific Stratus Energy. En febrero del año 2021, la empresa Frontera Energy finalizó su contrato de servicios con PerúPetro y abandonó el Lote 192. Frontera Energy debió presentar el Plan de Abandono antes el Ministerio de Energía y Minas, MINEM, hace tres años, con el objetivo de subsanar los impactos ambientales causados en su periodo de explotación del Lote 192.

Otro ejemplo claro de la impunidad legal e indolencia medioambiental de las empresas petroleras, en este caso estatal, es la grave contaminación ambiental en la selva norte del Perú, debido a la obsolescencia y la falta de mantenimiento y control del Oleoducto Nor Peruano, ONP, por parte de PetroPerú, empresa encargada de la operación del oleoducto. El Oleoducto Nor Peruano inició sus operaciones en el año 1976, por tanto, es una infraestructura energética con casi 45 años de vida. El Oleoducto Nor Peruano tiene una longitud de 854 kilómetros y consta de dos ramales: el oleoducto principal compuesto por el tramo I y II y el ramal norte, además, de dos ramales secundarios que acceden a los campos de explotación de los Lotes 8 y 192. La capacidad total de transporte del oleoducto es de 200 mil barriles diarios. Actualmente, el oleoducto solamente transporta la producción de crudo del Lote 8 y 192, antiguo Lote 1AB. Según el estudio “La sombra del petróleo: Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019”, entre los años 2000 y 2019 se han registrado 94 derrames. Hasta el año 2016, OEFA identificó 59 derrames en el ONP, figura 4, es decir, entre los años 2016 y 2019, han ocurrido 35 nuevos derrames en el ONP. El incremento del número de derrames en el ONP en los últimos años desvela el grave estado de deterioro de esta instalación de transporte de crudo.

Figura 4: Mapa de derrames identificados en el ONP hasta el año 2016.

Las fallas operativas y la falta de mantenimiento son las principales causas de los constantes derrames en el ONP, una instalación con 45 años de antigüedad, con diferentes tramos corroídos, que requieren con urgencia ser reemplazados. En agosto del año 2016, OEFA impuso a PetroPerú una papeleta ambiental por el reiterado y sistemático incumplimiento de sus obligaciones medioambientales. La OEFA entre los años 2011 y 2016 inició contra PetroPerú 57 Procedimientos Administrativos Sancionadores, PAS, y se le ha impuesto un total de multas ascendentes más de 6 mil Unidades Impositivas Tributarias, UIT. La OEFA ha sancionado a PetroPerú por las siguientes infracciones:

• Incumplimiento de obligaciones del Instrumento de Gestión Ambiental.
• Incumplimiento de normas de protección ambiental.
• Incumplimiento de Límites Máximos Permisibles en efluentes.
• No brindar información requerida y/o presentar información fuera de plazo.
• Incumplimiento de medidas correctivas

Entre las principales afectaciones a las personas y al patrimonio natural, causados por los derrames del Oleoducto Nor Peruano destacan:

• Daño a la fauna acuática de los territorios contaminados, imposibilitando la captura de peces para el consumo humano directo y afectando la seguridad alimentaria de las comunidades adyacentes a los derrames. Además de causar un impacto directo a la biodiversidad de los riachuelos y ríos afectados.
• Impacto a la calidad del agua, afectando al consumo de agua en las poblaciones.
• Daño a la salud de las personas, que han sufrido dolores de cabeza, diarrea, vómito, dolor de estómago, afecciones a la piel.
• Daño a la flora del lugar contaminado por exposición directa al petróleo crudo y la fauna por ingesta de la vegetación cubierta de crudo.

En el estudio “La sombra del petróleo: Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019” se indica que el 49,4% de los derrames se deben a problemas de corrosión, fallas operativas y condiciones inseguras de operación, mientras que un 34,8% fueron causados por terceros. Finalmente, en febrero del año 2021, OEFA ordenó a PetroPerú implementar de forma inmediata un Plan de Rehabilitación Ambiental para la remediación del canal de flotación del Tramo I del ONP. Petroperú dispone de 18 meses para remediar un tramo en el que han sucedido hasta 16 derrames entre los años 2016 y 2019.

Figura 5: Distribución porcentual de los derrames en el ONP según las causas establecidas.

Conclusiones

Los Lotes 192 y Lote 8, que antiguamente conformaban el Lote 1AB, son una fuente de contaminación de la selva peruana y un ejemplo inequívoco del infausto futuro que le espera a las comunidades amazónicas que se involucren con el absurdo negocio petrolero: destrucción medioambiental e indolencia estatal y privada ante sus necesidades más elementales. En el año 2015, la creación del Fondo de Contingencia de Remediación Ambiental revela que el Estado peruano ha asumido el coste económico de remediación de los pasivos medioambientales, en tanto que las empresas petroleras se desentienden de sus responsabilidades y judicializan las multas de la OEFA. Es decir, las empresas contaminan el territorio amazónico peruano y destruyen el hábitat de las comunidades amazónicas, obtienen excepcionales ganancias económicas, y finalmente, se retiran de la explotación, dejando sus derrames y residuos contaminantes. El Estado peruano, con el dinero de los impuestos de todos los peruanos, se deberá dedicar durante décadas a limpiar la basura heredada de las explotaciones petroleras privadas. Excelente negocio para las empresas petroleras, muy mal negocio para las comunidades amazónicas, para el Estado peruano y para las futuras generaciones, que deberán pagar con sus impuestos y esfuerzo los territorios contaminados.

En una perspectiva macroeconómica, las explotaciones petroleras en la Amazonía peruana no son buen negocio para el Estado peruano y representan una destrucción sistemática y, prácticamente, irreversible para el entorno natural de las comunidades amazónicas. En este sentido, la estrategia más adecuada en defensa de los derechos a una vida plena en un hábitat adecuada paro los pueblos amazónicos, así como para evitar el desembolso de ingentes sumas en procesos de remediación debería abordar los siguientes aspectos:

• Continuación del Plan de Remediación y cierre inmediato de los Lotes 192 y 8, puesto las explotaciones petroleras sólo implican una mayor destrucción del hábitat natural de las comunidades amazónicas y un injustificable gasto adicional del presupuesto estatal en la remediación de los pasivos ambientales
• Cierre planificado de los Lotes 39, 67 y 95, puesto que la producción de los mencionados lotes es realmente insignificante en comparación con la actual demanda de derivados de petróleo en el Perú, y el riesgo de contaminación y afectación de entorno natural de las comunidades amazónicas es muy elevado, en base a la experiencia de los Lotes 192 y 8.  
• Desmantelamiento inmediato del Oleoducto Nor Peruano, puesto que es una infraestructura literalmente abandonada y una fuente de contaminación ambiental que implicará elevados costes de remediación a pagar por el Estado peruano.
• Moratoria indefinida para la exploración y explotación de nuevos lotes en la selva peruana, que además, sería una decisión alineada con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Perú en el Acuerdo de París.
• Cumplimiento acelerado del Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, en la región Loreto.
• Elaboración e implementación de un Plan Económico Post-Petróleo para las comunidades amazónicas de Loreto, basada en la integración de sistemas renovables y en la promoción de iniciativas empresariales asociadas a servicios eco-sistémicos y medioambientales, así como de bio-negocios alternativos y tecnologías limpias.   
• Elaboración de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que incluya el cierre inmediato de los lotes en explotación y del Oleoducto Nor Peruano, así como la moratoria indefinida de actividades de exploración y la implementación acelerada del Plan de Remediación de Pasivos Ambientales, del Plan de Cierre de Brechas y de la elaboración e implementación de un Plan Económico Post-Petróleo en las comunidades amazónicas de Loreto.