Las reservas probadas, probables y posibles de crudo son volúmenes finitos de hidrocarburos, con cierto grado de incertidumbre, existentes en el subsuelo de un determinado territorio. Adicionalmente, la extracción de las reservas de crudo está condicionado a las variabilidades de los procesos de transición energética, coyuntura política e implementación práctica de las innovaciones tecnológicas, que afectan a la intensidad de los flujos de producción y, por tanto, a la capacidad de satisfacer el suministro de la creciente demanda de derivados de petróleo. Las estimaciones de reservas probadas permiten definir los volúmenes de crudo, comercialmente rentables, que se pueden extraer en el corto y mediano plazo. Por otro lado, los recursos contingentes y prospectivos son volúmenes de crudo que pueden ser extraídos a largo o muy largo plazo y que dependerá de los plazos de implementación de los objetivos establecidos de transición energética, de la realización perforaciones de sondeos geológicos y mediciones de los costes de extracción y precios de venta del crudo.

El Perú experimenta un evento geológico previsible e ineludible: la inexorable reducción de la producción de crudo. Los exhaustos yacimientos de crudo en explotación en el zócalo y costa noroeste, así como en la selva peruana, específicamente en los Lotes 192 y 8, presentan indiscutibles signos de agotamiento geológico. En una etapa esperable de depletamiento geológico de los yacimientos petrolíferos, el Estado peruano debería planificar una salida inteligente y programada de la dependencia del petróleo, basada en:

Los pasivos medioambientales dispersos a lo largo y ancho del Lote 192 son la herencia hiriente del peor negocio de destrucción socioeconómica y medioambiental de la selva peruana: el negocio de extracción de petróleo. Ante la recurrente negativa de las empresas petroleras a asumir sus obligaciones de remediación de los pasivos medioambientales, el Estado peruano deberá gastar miles de millones de dólares en remediar inmensos territorios contaminados, mientras las empresas petroleras se dedican a judicializar las multas y desentenderse de sus responsabilidades de recuperación y saneamiento de las zonas contaminadas por derrames petroleros.

La acelerada disminución de los descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo, con importantes reservas recuperables, es un indicador técnico muy inquietante que corrobora la gravedad del agotamiento de este preciado recurso fósil, en las últimas décadas a escala global. A pesar del espectacular desarrollo de la tecnología de exploración y las técnicas de aprovechamiento de los pozos depletados, así como el acceso a zonas anteriormente inexploradas como las regiones polares, zonas de aguas profundas y ultraprofundas, perforaciones a grandes profundidades, los descubrimientos de nuevos yacimientos, con significativas reservas, son eventos muy esporádicos y vaticinan la aparición de un horizonte futuro de elevados precios del crudo y sus derivados. La aparición del mencionado horizonte de crepúsculo fósil dependerá de la rapidez del depletamiento de los yacimientos en explotación, de la intensidad de la reducción del descubrimiento de nuevas reservas recuperables y de la evolución de la demanda global de crudo en los próximos años.

El 6 de julio del presente año, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos organizó el Webinar denominado “Amazonía Petrolera”. El tema central del evento fue la descripción de la necesidad de reorganizar el sector petrolero nacional para continuar con la extracción del crudo en la selva peruana en la etapa post-COVID 19. Eso sí, esta vez el lobby petrolero ha entendido, después de casi 50 años de explotación, que hay algunas brechas que resolver, entre ellas, la nula incidencia de los beneficios del negocio del petróleo en las comunidades amazónicas y la urgencia de abordar la remediación de los irreversibles impactos medioambientales de los derrames de crudo, vergonzosas y silenciadas secuelas del negocio de la extracción del petróleo. El discurso de los promotores de intensificar el negocio del petróleo se centra en solventar las brechas sociales existentes y luchar por la remediación de las zonas contaminadas de la selva peruana, reduciendo las regalías de las empresas petroleras para las próximas décadas, una ecuación que no cuadra.     

El 5 de junio del presente año, Perupetro publicó en su portal una alerta en relación a la existencia de una indignante campaña de desinformación, orquestada por un maléfico grupo de opositores y enemigos de la inversión en el país. El gran desinformado parece ser Perupetro pues no aporta datos convincentes de la maligna campaña de desinformación. La aprobación por parte del Gobierno peruano de la firma del contrato de licencia de exploración y explotación, mediante el Decreto Supremo 012-2019 EM del 30 de abril del año 2019, implica la entrega de más de 500 km² del Mar de Grau a las actividades exploratorias de hidrocarburos en una zona de especial riqueza y biodiversidad marina, introduciendo un innecesario riesgo a las actividades pesqueras en el litoral de Tumbes. Perupetro argumenta la inocuidad de las actividades exploratorias de petróleo y gas en Tumbes por la distancia de las futuras plataformas: 5 millas. Probablemente desconoce Perupetro que un derrame de petróleo no sabe de distancias y límites humanos y se moverá indistintamente en función de las mareas, destrozando toda vida marina que encuentre en su camino. Un absurdo riesgo que deberá ser asumido por los pesqueros artesanales y los pobladores de la costa de Tumbes. Por otro lado, Perupetro informa que la explotación de hidrocarburos existe en Tumbes desde hace 20 años y ha reportado ni más ni menos que 1500 millones de soles en canon en los últimos 10 años, un promedio de 12 millones 500 mil soles al mes, frente a unos 10 millones 500 mil soles en valor agregado, obtenidos del desembarque de productos hidrobiológicos en puertos y caletas de Tumbes, en promedio mensual, entre los años 2008 y 2016. En Perupetro no preocupan mucho por entender que el petróleo es un negocio fugaz y con demasiado riesgo para los pescadores tumbesinos. El negocio petrolero no parece ser un negocio rentable y compatible con las actividades pesqueras en Tumbes. Además, un derrame podría canibalizar, por no decir destruir, durante años, un negocio tan rentable como la pesca y afectar la estabilidad económica de centenas de pesqueros artesanales.

La cambiante situación política nacional condiciona seriamente un debate inaplazable sobre el futuro del petróleo en el Perú. El 31 de octubre del año 2018 se recordará como el día en que la sucesora de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fue sentenciada a 36 meses de prisión preventiva bajo la acusación de dirigir una organización criminal para delinquir, enquistada en el partido político Fuerza Popular. En este sentido, en el Congreso peruano existe una mayoría perteneciente a un partido político cuya cúpula está acusada de actividades delictivas dirigidas a obtener financiación ilegal para capturar el poder. En este ambiente nauseabundo y pestilente del Congreso peruano se pretende aprobar la Ley de Hidrocarburos, promovida precisamente por representantes de un partido político deslegitimado y con un capital político ínfimo, después de los resultados de las últimas elecciones regionales. En este sentido, la primera reivindicación de los diferentes actores implicados en las actividades petroleras es la paralización de la discusión de la propuesta existente en el Congreso, que sólo representa la visión de las empresas privadas petroleras; y la realización de un debate nacional sobre el futuro de las actividades petroleras en el Perú, enmarcado en una propuesta de transformación del modelo energético actual a largo plazo hacia un modelo renovable y respetuoso con el medio ambiente. Sería realmente un absurdo que un Congreso, deslegitimado por una mayoría parlamentaria perteneciente a un partido político, cuya dirección nacional es acusada de conformar una organización mafiosa para delinquir, pueda simplemente discutir una ley sobre hidrocarburos, y menos aún aprobarla. Las organizaciones sociales de la Amazonía peruana y los gremios de pescadores artesanales deberían exigir el archivo del actual formato de la Ley de Hidrocarburos, aprobada por dictamen en mayoría de Fuerza Popular en la Comisión de Energía del Congreso, por no responder a los intereses del Perú. En un periodo de convulsión política y deslegitimación de partidos políticos es necesario iniciar una discusión nacional seria y desapasionada sobre el futuro del petróleo en el Perú.

Malos momentos para los promotores públicos y privados de la aprobación de una ley de hidrocarburos tan nefasta como lobbista, que declaraban a los cuatro vientos su optimismo, envalentonados y seguros de una ágil aprobación en el Congreso. Los vertiginosos acontecimientos políticos acaecidos en la segunda semana de octubre, entre los que destacan: la detención de Keiko Fujimori, acusada de participación en una trama delincuencial dirigida a la captación de fondos ilícitos para capturar el poder en el Perú; la desestimación de la destitución e inhabilitación por 10 años del Fiscal de la Nación, acusado constitucionalmente por delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico; y la aprobación acelerada de la ley de ejecución humanitaria de la pena, en 48 horas, que evitaría el reingreso a la cárcel a Alberto Fujimori y permitiría liberar a la cúpula fujimorista, actualmente encarcelada, del cumplimiento de sus penas; cubren con un velo de incertidumbre la rápida aprobación de una ley descaradamente entreguista y lesiva para los intereses del Perú. Un Congreso cuya mayoría fujimorista y ex-fujimorista protege a delincuentes y corruptos, y aprueba una ley para evitar el reingreso a la cárcel a su líder histórico, sentenciado por homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado, corrupción y usurpación de funciones, está absolutamente deslegitimado para discernir sobre una ley de hidrocarburos tan trascendente para el futuro de Perú. Fuerza Popular, la fuerza mayoritaria en el Congreso peruano, ha sentenciado moralmente a las débiles e inestables organizaciones políticas peruanas por muchos años. En el ideario popular se empieza a reconocer a los partidos políticos como asociaciones ilícitas para delinquir, una triste realidad de la política peruana. El Congreso, que alberga a un conjunto de organizaciones ilícitas para delinquir, representa el triste ejemplo de degradación moral terminal de una casta política que debería ser desterrada de los ejes de poder del Estado peruano. En cualquier caso, la probable paralización de la discusión y aprobación de la ley de hidrocarburos, debido a las turbulencias políticas y a la deslegitimación de la casta política nacional en el Congreso, proporciona a las asociaciones de las comunidades amazónicas y de los pescadores artesanales así como a las asociaciones de defensa medioambiental un tiempo precioso para elaborar y presentar una contrapropuesta a la nefasta ley de hidrocarburos, que aborde la entrega de los lotes en explotación a finalizar a PetroPerú y exija una moratoria de la explotación de crudo en la selva y en el mar peruano hasta la aprobación de una ley de ordenamiento territorial y la creación de zonas reservadas de protección del mar pacífico tropical peruano.

Una de las ideas más infundadas que pretenden posicionar los defensores criollos del extractivismo fundamentalista es que el Perú debe basar el futuro de su seguridad energética en la exploración y explotación de petróleo hasta la extracción del último barril económicamente rentable. Sobran las razones para rechazar frontalmente está absurda idea, más aún, en un país que nunca ha dispuesto importantes volúmenes de extracción de crudo y, que además, está abocado por siempre a ser un importador de petróleo, bajo la actual política energética existente. Los defensores locales de la extracción de la última gota de petróleo de la selva y de la costa norte a mínimas regalías, una sospechosa amalgama de ex-viceministros de energía, representantes de asociaciones privadas del sector petrolero y presidentes de Perúpetro, desconocen o premeditadamente obvian las preocupantes señales internacionales de evolución del sector petrolero a escala global. Un adecuado análisis de la situación geo-energética y económica de la situación invita seriamente a reflexionar sobre la necesidad de elaborar e implementar una estrategia nacional de despetrolización de la economía nacional, asociada a una moratoria de exploración en la selva peruana y en el mar del Perú, y a la implementación de una política de ordenamiento territorial, que garantice la protección de los derechos a una vida digna de los pescadores artesanales y las comunidades amazónicas frente a la potencial contaminación de sus territorios ancestrales y ante la negativa de las empresas extractivas públicas y privadas de remediar los pasivos medioambientales existentes.