Malos momentos para los promotores públicos y privados de la aprobación de una ley de hidrocarburos tan nefasta como lobbista, que declaraban a los cuatro vientos su optimismo, envalentonados y seguros de una ágil aprobación en el Congreso. Los vertiginosos acontecimientos políticos acaecidos en la segunda semana de octubre, entre los que destacan: la detención de Keiko Fujimori, acusada de participación en una trama delincuencial dirigida a la captación de fondos ilícitos para capturar el poder en el Perú; la desestimación de la destitución e inhabilitación por 10 años del Fiscal de la Nación, acusado constitucionalmente por delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico; y la aprobación acelerada de la ley de ejecución humanitaria de la pena, en 48 horas, que evitaría el reingreso a la cárcel a Alberto Fujimori y permitiría liberar a la cúpula fujimorista, actualmente encarcelada, del cumplimiento de sus penas; cubren con un velo de incertidumbre la rápida aprobación de una ley descaradamente entreguista y lesiva para los intereses del Perú. Un Congreso cuya mayoría fujimorista y ex-fujimorista protege a delincuentes y corruptos, y aprueba una ley para evitar el reingreso a la cárcel a su líder histórico, sentenciado por homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado, corrupción y usurpación de funciones, está absolutamente deslegitimado para discernir sobre una ley de hidrocarburos tan trascendente para el futuro de Perú. Fuerza Popular, la fuerza mayoritaria en el Congreso peruano, ha sentenciado moralmente a las débiles e inestables organizaciones políticas peruanas por muchos años. En el ideario popular se empieza a reconocer a los partidos políticos como asociaciones ilícitas para delinquir, una triste realidad de la política peruana. El Congreso, que alberga a un conjunto de organizaciones ilícitas para delinquir, representa el triste ejemplo de degradación moral terminal de una casta política que debería ser desterrada de los ejes de poder del Estado peruano. En cualquier caso, la probable paralización de la discusión y aprobación de la ley de hidrocarburos, debido a las turbulencias políticas y a la deslegitimación de la casta política nacional en el Congreso, proporciona a las asociaciones de las comunidades amazónicas y de los pescadores artesanales así como a las asociaciones de defensa medioambiental un tiempo precioso para elaborar y presentar una contrapropuesta a la nefasta ley de hidrocarburos, que aborde la entrega de los lotes en explotación a finalizar a PetroPerú y exija una moratoria de la explotación de crudo en la selva y en el mar peruano hasta la aprobación de una ley de ordenamiento territorial y la creación de zonas reservadas de protección del mar pacífico tropical peruano.
Ley de Ordenamiento Territorial en la Amazonía Peruana
La inexistencia de una ley de ordenamiento territorial, que garantice los derechos de la comunidades amazónicas, genera una situación de vacío legal que permite la contaminación de la selva sin impunidad alguna por empresas públicas y privadas. La Amazonía peruana ha sufrido un largo historial de derrames con trágicas consecuencias para el medio ambiente. Basta con recordar el triste legado de la empresa petrolera americana OXY durante 30 años de explotación en la selva peruana. Las reclamaciones por contaminación y destrucción del entorno natural de los pueblos originarios son innumerables y es el claro reflejo del grave impacto que ocasionan estas actividades en sus territorios. El caso más escandaloso y deleznable de destrucción medioambiental en la Amazonía peruana es el causado por la explotación de hidrocarburos del Lote 1AB – dividido actualmente en el Lote 192 y Lote 8, figura 1. El aumento de los derrames, el incumplimiento de los mecanismos de gestión medioambiental y el desconocimiento de responsabilidad de PlusPetrol, que continuando con las mismas prácticas de la OXY, ha exacerbado las manifestaciones contra la exploración y explotación petrolera en las comunidades amazónicas y elevado el nivel de conflictividad social. Se contabilizan al menos 60 derrames de petróleo entre el año 2000 y 2010 por averías en camiones cisternas en las carreteras y barcazas en los ríos así como accidentes en los terminales de carga. Los derrames han desprovisto a las poblaciones de suministro de agua para el consumo humano y de los peces y animales de caza, afectados por las fuentes de agua contaminadas. Un atentando inaceptable contra la seguridad alimentaria de las poblaciones y su vinculo ancestral con la naturaleza, el territorio y la identidad colectiva.
Figura 1: Ubicación geográfica del Lote 1AB – 192/8 – y mapa de pasivos ambientales contaminados.
Según el Observatorio Petrolero de la Selva Norte, OPSN, la compañía PlusPetrol, en enero de 2015, antes de concluir sus operaciones, informó al Estado peruano de la existencia de 2014 pasivos ambientales contaminados dentro del Lote 192 y se retiró sin cumplir con sus obligaciones de remediación ambiental, figura 1. Si bien no existe una evaluación económica real de los costes de remediación, las experiencias de remediación en otros países de similares características, como Ecuador y Nigeria, indican que podría oscilar entre 200 y 1000 millones de dólares.
Otro ejemplo claro de la impunidad legal e indolencia medioambiental de las empresas petroleras, en este caso estatal, es la grave contaminación ambiental en la selva norte del Perú, debido a la obsolescencia y la falta de mantenimiento y control del Oleoducto Nor Peruano, ONP, por parte de PetroPerú, empresa encargada de la operación del oleoducto. El Oleoducto Nor Peruano inició sus operaciones en el año 1976, por tanto, es una infraestructura energética con más de 40 años. El Oleoducto tiene una longitud de 854 kilómetros y consta de dos ramales: el oleoducto principal compuesto por el tramo I y II y el ramal norte, figura 2, además, de dos ramales secundarios que acceden a los campos de explotación de los Lotes 8 y 192. La capacidad total de transporte del oleoducto es de 200 mil barriles diarios. Actualmente, el oleoducto solamente transporta la producción de crudo del Lote 8 y 192, antiguo Lote 1AB. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, entre el año 2011 y 2016, en el Oleoducto Nor Peruano, ONP, han ocurrido 26 fallas asociados con derrames de crudo, figura 3. En agosto del año 2016, la OEFA impuso a PetroPerú una papeleta ambiental por el reiterado y sistemático incumplimiento de sus obligaciones medioambientales. Por tanto, resulta imperativo para las comunidades amazónicas exigir la aprobación e implementación de una ley de ordenamiento territorial que les garantice derechos fundamentales sobre sus territorios ancestrales y decidir en libertad, en una consulta previa, aprobar la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos, previa remediación de los pasivos medioambientales heredados de décadas de impunidad de empresas públicas y privadas.
Figura 2: Capacidad de transporte y características generales del Oleoducto Nor Peruano, ONP.
Figura 3: Cronología de los derrames ocurridos en el Oleoducto Nor Peruano entre el año 2011 y 2016.
Zonas de Protección del Mar Peruano
En relación al impacto medioambiental, en las zonas adyacentes a los lotes petroleros en explotación del zócalo continental y la costa norte de las Regiones Tumbes y Piura se han reportado al menos 13 derrames de crudo en diferentes zonas del litoral, entre el año 2001 y 2018. Entre los distritos afectados por los derrames de crudo destacan Punta Arenas, Colán, Talara, El Alto, Lobitos, Zorritos. Los derrames se asocian a rupturas y fisuras de tuberías y a fugas en las plataformas marinas. El impacto medioambiental más grave ocurrió en enero del año 2008, cuando mientras llenaba sus bodegas para transportar el crudo de la Plataforma Corvina a la refinería de Talara explotó el BAP “Supe”. El buque posteriormente se hundió, vertiendo 1300 barriles de petróleo, afectando la biodiversidad marina y la pesca artesanal. Asimismo, en julio del año 2013, se produjo un derrame al mar de 49 barriles de crudo, debido a la la perforación de la línea submarina de una plataforma, empleada por la empresa Savia Perú para el transporte de petróleo. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, solicitó sancionar a la empresa Savia Perú por el derrame de crudo al mar y por no haber informado adecuadamente a las autoridades..
La zona costera de Tumbes y Piura presenta una gran diversidad biológica, concentra el 70% de las especies marinas del país, puesto que al ser un lugar de convergencia de la corriente de Humboldt y de la corriente de El Niño alberga especies endémicas, además de ser el hábitat de reproducción de las ballenas jorobadas y tortugas marinas, especies en peligro de extinción. La riqueza ictiológica existente y el equilibrio del ecosistema marino del litoral de Tumbes y Piura se pueden ver seriamente afectados por la pesca ilegal y por los derrames de la explotación de hidrocarburos, repercutiendo negativamente en la actividad económica de los pescadores artesanales. Por este motivo, desde el año 2010, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP, del Ministerio del Ambiente lidera la iniciativa para la creación de una Zona Reservada Mar Pacífico Tropical Peruano. Los estudios realizados han identificado cuatro zonas prioritarias para la conservación como área natural protegida: isla Foca, El Ñuro, los arrecifes de Punta Sal y el banco de Máncora, figura 4. La creación de la Zona Reservada Mar Pacífico Tropical Peruano favorecerá el crecimiento del turismo en la Región Tumbes y Piura, debido a la recreación de actividades turísticas en playas, deportes acuáticos, la pesca deportiva y el avistamiento de tortugas y ballenas. Asimismo, la creación de una Zona Reservada contribuirá a la conservación de espacios para la reproducción y cría, refugio y migración de especies, necesarios para garantizar y mejorar la productividad biológica y la generación de beneficios sociales y económicos mediante el uso sostenible de los recursos pesqueros. La Zona Reservada Mar Pacífico Tropical Peruano abarcaría un territorio marítimo equivalente a 116 mil hectáreas. Actualmente, el SERNANP ha reiniciado el proceso para el establecimiento de un Área Natural Protegida Definitiva en lugar de una Zona Reservada, que son espacios de protección transitorios con el objetivo de la realización de estudios para la determinación de una categoría definitiva de área de conservación así como la extensión y fines del área protegida. La desventaja del reinicio del proceso es que su aprobación de la categoría de Área Natural Protegida es extremadamente larga, unos 10 años.
Es importante indicar, que como parte de las medidas de promoción de la inversión, la Ley N° 30230, promulgada el 12 de julio de 2014 y propuesta por el Poder Ejecutivo, estableció que el Ministerio de Ambiente ya no está facultado a aprobar por Resolución Ministerial la creación de las zonas reservadas. El Consejo de Ministros es el encargado de crear las zonas reservadas a través de un Decreto Supremo. La declaración de Área Natural Protegida sólo permitirá la explotación petrolera en aquellos lotes con contratos firmados, que garantice derechos previos de funcionamiento. Las asociaciones de pesqueros artesanales de la costa noroeste del Perú deberán exigir la creación de zonas de reservas pesquera y prohibición de actividades de exploración y explotación hidrocarburífera que ponga en riesgo sus principales actividades económicas.
Figura 4: Mapas propuestos para la Zona Reservada Mar Tropical Pacífico Peruano, SERNANP.
Conclusiones
La turbulenta situación política que atraviesa el Perú, debido a la detención de Keiko Fujimori por participar en una trama delincuencial dirigida a la captación de fondos ilícitos y la deslegitimación del Congreso peruano para aprobar leyes trascendentales, como la ley de hidrocarburos, proporciona a las organizaciones de las comunidades amazónicas y de los pescadores artesanos de la costa noroeste una oportunidad muy seria para elaborar y presentar a discusión de la sociedad civil una contrapropuesta a la ley de hidrocarburos. Esa propuesta deberá plantear la aprobación de una ley de ordenamiento territorial de la selva peruana y la creación de zonas de protección del mar peruano así como la remediación de los pasivos medioambientales heredados de decenas de explotación petrolera como condición previa a la presentación de cualquier ley de hidrocarburos.
Una estrategia seria de transformación del sistema energético peruano no se puede basar en los intereses particulares de un pequeño grupo de empresas privadas que simplemente quieren continuar expoliando los escasos recursos hidrocarburíferos del país, aprovechando una coyuntura global de incremento de precios internacionales del crudo y pagar menos regalías al Estado peruano para maximizar sus ganancias. Los escasos recursos petrolíferos existentes en el país deben ser dirigidos a rentabilizar la inversión estatal en la construcción de la nueva refinería de Talara. Una de las acciones necesarias para fortalecer a PetroPerú es la entrega de los lotes en explotación, con contratos a finalizar en la próxima década. La entrega de los lotes, con reservas marginales probadas, a PetroPerú permitirá al Estado peruano obtener una adecuada renta petrolera y los fondos necesarios para proceder a la remediación de los impactos medioambientales, causados por los derrames del mal funcionamiento de Oleoducto Nor Peruano y por la contaminación de las empresas privadas, que sistemáticamente se niegan a cumplir con sus obligaciones.
El Estado no dispone de una estrategia de despetrolización de las principales actividades económicas del país y apuesta decididamente por continuar con la adicción a los hidrocarburos, que expone el modelo económico de crecimiento peruano a un innecesario riesgo de estancamiento y desaceleración. La incapacidad del Estado de analizar las tendencias internacionales en la evolución del sector energético mundial no permite establecer una estrategia energética a largo plazo, con una visión prospectiva de transformación de la realidad actualmente existente.