La joven democracia peruana tiene el triste e infausto privilegio de contar con un insólito club de varios ex-presidentes encarcelados, en búsqueda y captura o con juicios pendientes por corrupción, malversación de fondos o delitos de lesa humanidad. El reciente encarcelamiento preventivo de la pareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, mientras se evalúa su participación en lavados de activos por recibir dinero para la financiación de la campaña electoral nacionalista por Odebrecht, profundiza la dimensión de corrupción que se despliega sobre el proyecto del GSP y plantea la necesidad de analizar la legitimidad de las decisiones adoptadas por gobiernos corruptos. A la inexistencia de un contrato concreto de suministro de gas natural y a la falta de un estudio económico-financiero, que no incluye estudios de demanda eléctrica final, la previsión de construcción de ramales secundarios para usos domésticos e industriales o para la creación de una industria petroquímica se añaden las sombras de una mafia política corrupta y corruptora, dueña de las riendas del Estado peruano durante 5 años, que impuso durante un lustro a diferentes Ministerios y Organismos del Estado sus desubicados e injustificados caprichos electorales.
