En España, en noviembre del año 1997, durante el primer gobierno de José María Aznar, se promulgó la Ley 54/1997 también conocida como Ley del Sector Eléctrico. La mencionada ley avaló la creación de un mercado eléctrico y el funcionamiento de un sistema de regulación con el objetivo primordial de garantizar un suministro eléctrico al menor coste posible. 17 años después en España, los españoles pagan el tercer precio de electricidad más caro de Europa, después de las islas de Malta y Chipre. El sistema eléctrico español presenta un exceso de potencia instalada en ciclos combinados e inexplicables sobreganancias al precio de la energía proporcionada por la centrales nucleares e hidroeléctricas, ya más que amortizadas. La irracionalidad del mercado eléctrico español pretende trasladar los errores y horrores de un modelo neoliberal desquiciado y fundamentalista a los indefensos usuarios en connivencia con un Estado funcional a las grandes corporaciones y lobbys eléctricos, autista, corrupto y distanciado de las exigencias y sufrimientos de amplias sectores de la población española.