En España, en noviembre del año 1997, durante el primer gobierno de José María Aznar, se promulgó la Ley 54/1997 también conocida como Ley del Sector Eléctrico. La mencionada ley avaló la creación de un mercado eléctrico y el funcionamiento de un sistema de regulación con el objetivo primordial de garantizar un suministro eléctrico al menor coste posible. 17 años después en España, los españoles pagan el tercer precio de electricidad más caro de Europa, después de las islas de Malta y Chipre. El sistema eléctrico español presenta un exceso de potencia instalada en ciclos combinados e inexplicables sobreganancias al precio de la energía proporcionada por la centrales nucleares e hidroeléctricas, ya más que amortizadas. La irracionalidad del mercado eléctrico español pretende trasladar los errores y horrores de un modelo neoliberal desquiciado y fundamentalista a los indefensos usuarios en connivencia con un Estado funcional a las grandes corporaciones y lobbys eléctricos, autista, corrupto y distanciado de las exigencias y sufrimientos de amplias sectores de la población española.

Crónica de una Estafa Consumada

En 1997, en plena expansión neoliberal, el gobierno de España decidió liberalizar el mercado eléctrico. Las mismas excusas y estereotipos de siempre: ineficiente gestión estatal, injustificables subvenciones, distorsión de precios, instauración de un sistema competitivo y la elevación de la eficiencia de sistema eléctrico. Esas inofensivas intenciones escondían los verdaderos objetivos de los grupos de poder económicos españoles, que financiaban a los partidos políticos hegemónicos de entonces: desplazar al Estado de la potestad de planificación del sistema eléctrico y capacidad de decisión en un sector estratégico, así como transformar el inalienable derecho a la energía en un servicio mercantilizado, sometido a los caprichosos intereses de grupos oligopólicos, que acrecentaban su poder e influencia ante el resto de la sociedad. Asimismo, la privatización de ENDESA, la mayor empresa eléctrica española, permitió a algunos grupos económicos apoderarse de instalaciones eléctricas, construidas con inversiones públicas: centrales nucleares, térmicas de carbón y grandes hidroeléctricas. Un traspaso de propiedad que no fue consultada por el resto de la sociedad española.  

El mercado eléctrico español entraba en funcionamiento con serias deficiencias innatas y heredadas. 17 años después, la regulación del sector eléctrico no ha podido evitar que la tendencia natural en incrementar beneficios económicos de los grupos oligopólicos eléctricos se anteponga al interés común en garantizar un derecho fundamental de las personas, inalienable e impostergable: el acceso de la energía. Entre tanto, en enero del año 2011, ENDESA contrataba a José María Aznar como asesor externo con un sueldo anual de 200 mil €uros. La teoría de las puertas giratorias en pleno apogeo se manifiesta insultante en la España de 6 millones de parados sin futuro y sin suculentos sueldos. En España, existe pobreza energética, definida como la incapacidad de un hogar satisfacer un mínimo de servicios energéticos para cubrir sus necesidades básicas. Según la Comisión Nacional de la Energía, el 5% de la población ha tenido problemas para pagar los recibos de la luz en el año 2012 y a 1,4 millones de viviendas se les cortó el servicio de electricidad. En ese contexto, los oligopolios eléctricos exigen el pago de 30.000 millones de €uros por déficit tarifario, un equivalente a 600 €uros por habitante.

Dentro del esquema de liberación del mercado eléctrico, en el año 1997, se crearon los Costes de Transición a la Competencia, CTCs. Una mecanismo de compensación a las empresas eléctricas, que a través de una retribución adecuada, garantizaría el retorno de la inversión realizada en el período anterior a la liberalización del mercado eléctrico. El Estado garantizó a las compañías eléctricas una compensación durante 10 años hasta los 36 €/MWh, siempre que el mercado marcase un precio inferior, por un monto no superior a los 10.200 millones de €uros.

La introducción del mercado eléctrico español ha favorecido uno de los mayores trasvases de dinero público, tanto desde el Estado como desde los usuarios, hacia un grupo oligopólico de gran poder económico. En resumen, el mercado eléctrico español se ha caracterizado por:

• Apropiación ilegitima de infraestructuras eléctricas construidas con dinero público, sin expresa y manifiesta aprobación de la población española a través de un referéndum explicito y vinculante.

• Asignación de una retribución económica exagerada e injustificada a las eléctricas por los denominados Costes de Compensación a la Transición, CTC. El gobierno de España no ha reclamado el exceso de retribución pagado a las empresas eléctricas.

• Inexistencia de competencia real en el mercado eléctrico y formación de un oligopolio eléctrico enfrentada a la sociedad en su conjunto, demostrando el inmenso poder de un reducido grupo económico y minimizando la capacidad de control democrático de los ciudadanos.
  

• Negativa de las empresas eléctricas españolas a justificar los verdaderos costes del precio de las centrales nucleares e hidroeléctricas en el mercado mayorista, verdaderos causantes del déficit tarifario. Por tanto, una deuda ilegitima que deberá ser recuperada por el Estado.

• Constante incriminación a los costes regulados y a las primas renovables de causar el déficit tarifario. El discurso convergente de las empresas oligopólicas eléctricas y el actual gobierno culpa a los costes regulados y a las energías renovables del déficit tarifario. Las grandes compañías eléctricas españolas han recibido por costes regulados, incluidas las primas renovables, casi 50.000 millones de €uros, entre 1998 a 2012.

• Aprobación de un Plan de construcción de centrales de ciclo combinado desde el año 2002. Se han construido más de 27000 MW en centrales de gas, en un periodo de encarecimiento de los recursos fósiles.

Las Lecciones del Desastre Eléctrico Español

La principal lección de la liberalización del mercado eléctrico español es la liquidación de un derecho inalienable e incuestionable, asumido como un servicio público, y su transformación en un valor comercial, sometido a los intereses particulares de un grupo oligopólico. Los intereses particulares de un pequeño grupo de empresas eléctricas ha contribuido a la formación de precios de la energía eléctrica que no corresponden a precios reales más un beneficio aceptable sino más bien asociados a mecanismos especulativos e ilegítimos de actuación.

La complejidad del esquema de regulación español y un reducido grupo de empresas eléctricas, actuando en franca colusión, han impedido sistemáticamente la entrada de nuevos actores en el mercado “liberalizado”. En realidad, se ha constituido un verdadero oligopolio donde las compañías de generación y comercialización pertenecientes a un mismo grupo se compran y se venden energía entre ellos mismos. Nada más lejos del supuesto espíritu de mercado, un mercado liberalizado sin ningún vestigio real de competencia ni en la generación ni en la comercialización. En el año 2011, la Comisión Nacional de Competencia multó a las compañías eléctricas por ahogar al mercado e introducir prácticas anticompetitivas, afectando a pequeñas y medianas empresas y a los usuarios eléctricos. La multa fue de 61 millones de €uros. Con toda probabilidad esa multa motivó sonoras carcajadas en las empresas eléctricas.

La ilegitimidad de un mercado eléctrico distorsionado, oligopólico y salpicado de prácticas mafiosas exige la necesidad de auditar una ilegitima y abusiva deuda de déficit tarifarlo y recuperar la capacidad del Estado de dirigir la política energética del país. Los objetivos fundamentales de la anteriormente mencionada auditoría de la injustificada deuda del déficit tarifario español son:

• Exigir el monto de las CTCs que deberá ser devuelto al Estado. En el año 2006, el Gobierno derogó los CTCs, pero nunca reclamó a las empresas eléctricas los cobros indebidos. Se estima que el sobrecobro de las empresas eléctricas es superior a los 3.000 millones de €uros. En 1999, un grupo de legisladores españoles presentó al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad a las CTCs.

• Cuantificar la excesiva sobreganancia de centrales nucleares y hidroeléctricas, con costes fijos más que amortizados, debido a la falta de transparencia y excesivo oscurantismo en la formación de precios del mercado mayorista. Los denominados “beneficios caídos del cielo” se estiman entre 2.500-3.000 millones de €uros al año.

• Cuantificar los incrementos sistemáticos anuales de la remuneración por el servicio de interrumpibilidad. En el año 2013 superó los 750 millones de €uros, un servicio que prácticamente no se utiliza.

• Cuantificar el indebido cobro por pago de capacidad, demostrando que es una forma descarada de trasladar dinero público a las empresas eléctricas, por la realización de inversiones inadecuadas en un sistema eléctrico con exceso de potencia instalada. Los errores, malos manejos y perdidas por malas inversiones de las empresas eléctricas no se pueden trasladar al usuario a través de la factura eléctrica. Se estima un pago de 900 millones de €uros anuales por “pago de capacidad”.

• Cuantificar el sobrecoste creado por el incremento de la remuneración del denominado término fijo de la factura eléctrica en un 17%. Las compañías eléctricas pretender incrementar el beneficio de las empresas en relación al coste de inversión con un injustificado aumento del pago por kW contratado por el usuario, castigando a los usuarios más pobres de la sociedad española.

• Plantear un esquema de devolución del dinero indebidamente sustraído a los usuarios y al Estado, especificados en los apartados anteriores.

La Transnacionalización del Modelo Eléctrico Español

El modelo eléctrico español no es un caso aislado. Por el contrario, es un modelo representativo que ha sido asimilado, adaptado o directamente asumido por otros países. Las empresas eléctricas españolas han trasladado su modelo de privatización a varios países de Sudamérica. Los efectos introducidos en esos atribulados países de la transnacionalización del modelo eléctrico español son:

• Apropiación indebida de infraestructuras energéticas estatales sin previo y manifiesto consentimiento de la ciudadanía.

• Creación de un mercado oligopólico que controla y establece impunemente el precio de la energía.

• La mano invisible del mercado eléctrico ha incrementado los precios de la energía eléctrica a los consumidores, en lugar de reducirlo como era el supuesto objetivo del proceso de liberalización.

• Anulación y coacción de la capacidad de decisión sobre políticas energéticas a largo plazo por parte del Estado.

• Distorsión y enmascaramiento del principal objetivo del fundamentalismo neoliberal: la maximización del beneficio privado de los oligopolios eléctricos por encima de cualquier propuesta de garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos y el bien común de la sociedad.

Ideas para la Transformación del Modelo Eléctrico

El modelo eléctrico neoliberal ha desvelado el grave error de la clase política dirigente española en entregar un sector estratégico en manos de un oligopolio, cuyas prácticas indebidas y caprichosas han causado un ilegitimo déficit tarifario y una inaceptable situación de pobreza energética en un país desarrollado. Este modelo caduco deberá ser reemplazado y reformado, limitando al máximo la capacidad de manipular los precios de la energía por parte de un reducido grupo de compañías eléctricas, incrementando la capacidad de regulación y vigilancia del Estado y elaborando los mecanismos necesarios para la democratización de la propiedad y gestión de las infraestructuras eléctricas. Entre las medidas a abordar para transformar el caduco modelo eléctrico neoliberal español se plantea:

• Priorizar la implementación de planes de ahorro y eficiencia energética en el sector eléctrico y en el sector de la construcción.

• Apostar decididamente por la inversión en energías renovables.

• Favorecer la instalación de sistemas eléctricos domésticos, municipales y comunales con una adecuada ley de autoconsumo y de fomento de las redes inteligentes – smart grids.

• Fomentar el uso de tarifas con discriminación horaria gracias a la masificación de contadores inteligentes.

• Implementación de mecanismos de transparencia en la formación del coste real de la energía eléctrica.