En España, se ha conseguido posicionar un discurso sesgado, falaz, sin rigor técnico e impregnado de medias verdades y completas mentiras sobre la “indiscutible” e “irrefutable” culpabilidad de las energías renovables en el déficit tarifario y de los restantes males del sector eléctrico español. La reforma energética española ha aniquilado, en contados años, al régimen especial y sumido en una profunda crisis, paralización e inseguridad jurídica al sector renovable. La desvergonzada adopción, por parte del Estado español, de los intereses y necesidades del lobby eléctrico se revela en la implementación de mecanismos de rescate a las centrales más contaminantes, en particular, a las centrales de ciclo combinado. El mercado eléctrico liberalizado corre presuroso a refugiarse en las faldas del Estado cuando las cosas están mal avenidas, exigiendo pagos, leyes retroactivas y destrucción de sus competidores limpios. Entre los mecanismos de rescate más alucinantes se encuentra el pago por capacidad. Un dinero asignado a ciertas centrales por el simple hecho de existir. Resulta insultante e indignante en un país de millones de parados, que una tecnología sucia y contaminante cobre por no hacer nada y no producir nada.

La Fobia Renovable del Partido Popular

Aún no se había terminado de instalar el Partido Popular en el poder a inicios del año 2012 cuando promulgó, un 27 de enero, el Real Decreto Ley 1/2012, conocido como el Decreto de la “Moratoria Renovable”. El mencionado Real Decreto Ley procedía a “suspender los procedimientos de pre-asignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos”. El lobby anti-renovable gracias a la inmoral estrategia de las puertas giratorias y a una furibunda campaña de desprestigio contra las energías renovables consiguió convencer a los gestores políticos del gobierno popular en la necesidad de emprender una reforma energética que permitiese preservar intactos sus particulares intereses y recuperar la reducción de la producción de energía, experimentada en las centrales de ciclo combinado. En el cenit de las crisis económica española, la reducción de la demanda eléctrica castigaba especialmente a las centrales térmicas a gas. El lobby eléctrico preparó su plan para destruir a las tecnologías renovables en connivencia con un Estado funcional a sus intereses.

El objetivo central de la reforma energética española es claro y sencillo: reducir al máximo la participación e ingresos económicos de las tecnologías renovables, limitando el ingreso de nuevas instalaciones e introduciendo medidas retroactivas que reduzcan la bonificación económica de las antiguas instalaciones. Una vez acometido y cumplido el objetivo central, el Partido Popular se ha dedicado a implementar descarados mecanismos de rescate al lobby eléctrico y de sus sufridas centrales de ciclo combinado. Un dato irrefutable: la energía producida por los ciclos combinados se ha reducido en un 70% desde el año 2008 y se estima que actualmente funcionan al 10% de su potencia nominal. En resumen, la reforma energética española consiste en penalizar a las tecnologías autóctonas y limpias e incentivar económicamente a las tecnologías más contaminantes y que emplean recursos primarios importados como las centrales térmicas de ciclo combinado y de carbón.

La estocada final al enemigo renovable se debe al Real Decreto 413/2014 del 6 de junio del año 2014. El mencionado Real Decreto introduce posibilidad de modificar cada tres años los parámetros retributivos de las instalaciones renovables de forma arbitraria, fulminando el esquema de apoyo existente gracias a la creación de un nuevo concepto anti-neoliberal: la “rentabilidad razonable”. La política energética manifiestamente anti-renovable del actual gobierno del Partido Popular ha terminado su trabajo de desmantelamiento del sector renovable español y ha pulverizado la seriedad jurídica del sector eléctrico español a golpe de Reales Decretos.

Los Silenciosos Impactos de las Tecnologías Renovables

Los acólitos de la reforma energética silencian, premeditada y maliciosamente, las aportaciones económicas de los sistemas renovables, entre los que destacan:

• Abaratamiento de los precios marginales. Entre 2008 y 2012 se alcanzó una media de reducción del precio en el mercado diario de 4.402 millones de €uros anuales, equivalente a un ahorro medio de 19,31 €uros por cada Mwh.

• Ahorro en la importación de combustibles fósiles. En el periodo, indicado en el párrafo anterior, la integración de tecnologías renovables evitaron la importación de más de 57 millones de toneladas equivalentes de petróleo (TEP), equiparable a un ahorro económico anual de 2.340 millones de €uros.

• Reducción de las emisiones de CO₂ y otros gases contaminantes. Concretamente, en el periodo analizado, la integración de energías renovables evitaron la emisión de aproximadamente 155 millones de toneladas de CO₂, equivalente a 2.040 millones de €uros, a un precio por tonelada de CO₂ relativamente bajo.

• Balance comercial de bienes y servicios. En el periodo 2008-2012 se registró un saldo neto exportador de 4.184 millones de euros en el sector renovable. A esta aportación renovable se le podría agregar la inversión en investigación de 313 millones de €uros en el año 2012.

• Aportaciones al erario público. Entre 2008 y 2012, la contribución neta de las instalaciones renovables fue de 2.938 millones de €uros.

Las cifras son incontestables. Las energías renovables han demostrado que aportan mucho más de lo que reciben. Por tanto, la única explicación de su satanización y sistemática destrucción es el incorrecto y escasamente inteligente análisis del problema del déficit tarifario en el sector eléctrico español y un abrumador afán por satisfacer las demandas del lobby eléctrico. Gracias a la reforma energética española, la destrucción del tejido industrial renovable en España ha significado la pérdida de más de 100 mil puestos de trabajo entre 2008 y 2012. Un escenario desolador y muy delicado. España, potencia renovable en el mundo, se ha transformado en unos cuantos años en exportador de talento humano y especialistas en sistemas renovables.

Los Verdaderos Culpables del Déficit

Una de las consecuencias innegables de la crisis económica española es que afectó el comportamiento del mercado eléctrico. La crisis económica y la integración de energías renovables han afectado seriamente los ingresos esperados en los planes de negocio de los dueños de los ciclos combinados. El Gobierno español en lugar de abordar el problema del déficit tarifario atacando sus verdaderas causas se ha ensañado con el sector renovable bajo el supuesto que son los únicos y verdaderos causantes de la inmanejable situación del mercado eléctrico. En realidad, es bastante fácil desmontar la falacia de la “culpabilidad renovable”. Así, en el periodo entre 2005 y 2008, las primas renovables apenas alcanzaron los 3.200 millones de €uros mientras que el déficit tarifario superaba los 10.300 millones. Existen serias razones para recelar de las alucinantes acusaciones a las energías renovables, antes bien los datos presentados propician a deducir que el déficit tarifario ya existía previamente a la vigorosa irrupción de las tecnologías renovables en el mercado eléctrico.

En su despiadada, injustificada y antojadiza animadversión hacia las tecnologías renovables, el Partido Popular ha obviado el análisis de otros factores que afectan al déficit tarifario entre los que destacan los costes por interrumpibilidad, los costes extrapeninsulares, las ayudas a los ciclos combinados de gas y a las centrales térmicas de carbón, las subvenciones a los combustibles fósiles o los exagerados beneficios de la energía nuclear.

Inexplicablemente, en un escenario de crisis económica y reducción del consumo eléctrico, los pagos por interrumpibilidad y servicios de ajuste se han incrementado, alcanzando 700 y 1250 millones en el año 2103, respectivamente, algo que no tiene ningún sentido y absolutamente innecesario ante la falta de picos de demanda eléctrica. Adicionalmente, se entiende que son costes que deberían estar condicionados al uso efectivo de estos servicios. El caso de la interrumpibilidad no se ha utilizado en varios años.

Los costes extrapeninsulares responden a la articulación de territorios alejados de la península y superan los 1.800 millones de €uros al año. No obstante, en los territorios extrapeninsulares no se ha fomentado la integración de energías renovables, profundizando la dependencia energética de combustibles fósiles caros, contaminantes e importados.

El Eufemismo del Pago por Capacidad

En el año 2004, se inicio en España la era de las centrales de gas natural con ciclos combinados. Actualmente, en España hay más de 27.000 MW de potencia instalada en ciclos combinados. La reforma energética española ha suprimido las primas a las energías renovables, sin embargo, ha estimulado la creación del denominado “pago por capacidad”, un eufemismo que subvenciona el 40% de los costes de inversión de los ciclos combinados. La construcción de ciclos combinados en España fue resultado de decisiones soberanas y libremente adoptadas por las empresas eléctricas en un entorno de mercado liberalizado. Los ahora innecesarios ciclos combinados reflejan graves errores de percepción de los horizontes de crecimiento de las cúpulas empresariales eléctricas.

Es imprescindible explicar y aclarar a la sociedad española que el Estado ha decidido rescatar con dinero público los errores y horrores del lobby eléctrico. La pérdida de ingresos de las empresas eléctricas, debido a la reducción de la demanda por la profundización de la crisis económica y la innecesaria construcción de nuevas centrales térmicas, se han socializado. Se vislumbra, irremediable, la aplicación práctica de uno de los axiomas del fundamentalismo neoliberal: las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. Los ciudadanos deben asumir el coste de la construcción de instalaciones energéticas que se construyeron bajo única responsabilidad de los que decidieron realizar esas inexplicables e injustificadas inversiones. La inversión en centrales de ciclo combinado supera los 13.000 millones de €uros. Los ciudadanos deberán retribuir a través de la tarifa eléctrica los errores del lobby eléctrico. Esos errores costaron, a los engañados, indefensos y atribulados ciudadanos, 800 millones y 500 millones de €uros en 2012 y 2013, respectivamente.

El pago por capacidad engloba conceptos tan enrevesados como incentivo a la inversión, disponibilidad de las centrales y reducción de las emisiones de azufre. En julio de 2013, el Gobierno español redujo retroactivamente los pagoscorrespondientes al incentivo a la inversión, desde 23.000 €uros por MW instalado durante 10 años a 10.000 €uros por MW instalado durante 20 años. Asimismo, redujo el pago correspondiente a mejoras medioambientales – reducción de emisiones -, de 8.750 €uros a 7.875 €uros. Queda pendiente la aprobación el ajuste del pago por disponibilidad, actualmente fijado en unos 4.700 euros anuales por MW instalado.

El lobby eléctrico repite incansable que la intermitencia de las energías renovables exige que cada MW renovable generado necesita de un MW de gas de ciclo combinado de respaldo, que garantice evitar apagones y contingencias en el sistema eléctrico. Es cierto que las tecnologías renovables necesitan de respaldo, pero la relación no es de un MW renovable por un MW de gas. Esa afirmación es absolutamente insostenible. La falacia proclamada por el lobby eléctrico intenta disfrazar un execrable planteamiento ideológico con planteamientos técnicos, supuestamente irrefutables. Quizás, en un escenario de crecimiento constante, exista la necesidad de plantear señales económicas para la inversión de infraestructuras energéticas. También es cierto que existen mecanismos de gestión de la demanda y almacenamiento de energía que permiten, desde un punto de vista técnico, abordar la problemática de garantía de la continuidad de suministro eléctrico.

Por otro lado, el Gobierno español, muy preocupado por evitar costes fijos a los empobrecidos propietarios de las centrales de ciclo combinado, prepara una normativa específica que prevé la posibilidad de “hibernación” de las instalaciones térmicas. El rescate estatal del lobby eléctrico continua imparable, contraviniendo la lógica del fundamentalismo neoliberal: el Estado interviene activamente en un mercado en manos de oligopolios privados para felicidad y regocijo de los dueños de las empresas eléctricas. Una situación absolutamente absurda e hilarante en la lógica empresarial, pero un escenario cuya aparición no se debe descartar en mercados eléctricos similares al español como el mercado eléctrico peruano.