Malos momentos para los promotores públicos y privados de la aprobación de una ley de hidrocarburos tan nefasta como lobbista, que declaraban a los cuatro vientos su optimismo, envalentonados y seguros de una ágil aprobación en el Congreso. Los vertiginosos acontecimientos políticos acaecidos en la segunda semana de octubre, entre los que destacan: la detención de Keiko Fujimori, acusada de participación en una trama delincuencial dirigida a la captación de fondos ilícitos para capturar el poder en el Perú; la desestimación de la destitución e inhabilitación por 10 años del Fiscal de la Nación, acusado constitucionalmente por delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico; y la aprobación acelerada de la ley de ejecución humanitaria de la pena, en 48 horas, que evitaría el reingreso a la cárcel a Alberto Fujimori y permitiría liberar a la cúpula fujimorista, actualmente encarcelada, del cumplimiento de sus penas; cubren con un velo de incertidumbre la rápida aprobación de una ley descaradamente entreguista y lesiva para los intereses del Perú. Un Congreso cuya mayoría fujimorista y ex-fujimorista protege a delincuentes y corruptos, y aprueba una ley para evitar el reingreso a la cárcel a su líder histórico, sentenciado por homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado, corrupción y usurpación de funciones, está absolutamente deslegitimado para discernir sobre una ley de hidrocarburos tan trascendente para el futuro de Perú. Fuerza Popular, la fuerza mayoritaria en el Congreso peruano, ha sentenciado moralmente a las débiles e inestables organizaciones políticas peruanas por muchos años. En el ideario popular se empieza a reconocer a los partidos políticos como asociaciones ilícitas para delinquir, una triste realidad de la política peruana. El Congreso, que alberga a un conjunto de organizaciones ilícitas para delinquir, representa el triste ejemplo de degradación moral terminal de una casta política que debería ser desterrada de los ejes de poder del Estado peruano. En cualquier caso, la probable paralización de la discusión y aprobación de la ley de hidrocarburos, debido a las turbulencias políticas y a la deslegitimación de la casta política nacional en el Congreso, proporciona a las asociaciones de las comunidades amazónicas y de los pescadores artesanales así como a las asociaciones de defensa medioambiental un tiempo precioso para elaborar y presentar una contrapropuesta a la nefasta ley de hidrocarburos, que aborde la entrega de los lotes en explotación a finalizar a PetroPerú y exija una moratoria de la explotación de crudo en la selva y en el mar peruano hasta la aprobación de una ley de ordenamiento territorial y la creación de zonas reservadas de protección del mar pacífico tropical peruano.

Una de las ideas más infundadas que pretenden posicionar los defensores criollos del extractivismo fundamentalista es que el Perú debe basar el futuro de su seguridad energética en la exploración y explotación de petróleo hasta la extracción del último barril económicamente rentable. Sobran las razones para rechazar frontalmente está absurda idea, más aún, en un país que nunca ha dispuesto importantes volúmenes de extracción de crudo y, que además, está abocado por siempre a ser un importador de petróleo, bajo la actual política energética existente. Los defensores locales de la extracción de la última gota de petróleo de la selva y de la costa norte a mínimas regalías, una sospechosa amalgama de ex-viceministros de energía, representantes de asociaciones privadas del sector petrolero y presidentes de Perúpetro, desconocen o premeditadamente obvian las preocupantes señales internacionales de evolución del sector petrolero a escala global. Un adecuado análisis de la situación geo-energética y económica de la situación invita seriamente a reflexionar sobre la necesidad de elaborar e implementar una estrategia nacional de despetrolización de la economía nacional, asociada a una moratoria de exploración en la selva peruana y en el mar del Perú, y a la implementación de una política de ordenamiento territorial, que garantice la protección de los derechos a una vida digna de los pescadores artesanales y las comunidades amazónicas frente a la potencial contaminación de sus territorios ancestrales y ante la negativa de las empresas extractivas públicas y privadas de remediar los pasivos medioambientales existentes.

A lo largo del mes de octubre, en el Congreso del Perú, se discutirá el dictamen en mayoría de la Comisión de Energía en relación a la nueva Ley de Hidrocarburos. En primer lugar, la propuesta de ley es una desagradable herencia del casi vacado y defenestrado PPK, un consumado lobbista energético y olvidadizo ex-Presidente de sus negociados ilegales, cuya sombra de corrupción y contrastado entreguismo está interiorizada en esta nueva Ley de Hidrocarburos. Por otro lado, la nueva Ley de Hidrocarburos responde a intereses estrictamente económicos de algunas empresas petroleras privadas, preocupadas por ampliar la explotación de lotes con reservas probadas hasta la extinción del recurso, y cuyo desinterés en realizar inversiones exploratorias ha provocado la reducción de las reservas probadas y el incremento del déficit nacional de la balanza comercial de hidrocarburos, que en el año 2018 superará los 4000 millones de dólares, debido al incremento del precio internacional del crudo experimentado entre finales del año 2016 y octubre de 2018. Finalmente, es una ley muy desubicada que no se encuadra en un impostergable e inexorable proceso de despetrolización del Perú y dentro de un marco normativo de ordenamiento territorial de la Amazonía peruana, que permita garantizar la defensa de los derechos de las comunidades amazónicas e integrar la ocupación y explotación de los recursos naturales en estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo.

En los dos últimos años, se ha desarrollado, por parte del MINEM, Perúpetro y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMEP, una coordinada campaña de promoción de la reducción de las regalías y ampliación de los contratos hasta el agotamiento de las reservas de los lotes petroleros. Se olvida, fácilmente, que la reducción de la producción nacional es resultado del fracaso de la privatización del sector petrolero, por su vocación expoliadora y no exploratoria de los lotes marginales existentes y nulo interés en búsqueda de nuevas reservas. Además, el natural comportamiento geológico de los yacimientos petroleros peruanos que se agotan paulatinamente, descrito magistralmente el siglo pasado por el geólogo americano Martin King Hubbert, condiciona el ritmo de producción nacional a unos límites físicos perfectamente definidos. Otra de las explicaciones de los defensores de la reducción de regalías es que el país está sub-explorado, y por tanto, es necesario explorar hasta el último metro cuadrado de la selva y del mar peruano en búsqueda del oro negro. Eso sí ni una sola palabra del impacto socio-ambiental en las comunidades amazónicas durante decenas de años de explotación, además, de la miseria y pobreza que asola a esas poblaciones. La incestuosa relación entre organismos públicos y asociaciones privadas, cohesionadas en defensa de los intereses de grupos económicos privados y presión mediática ha finalizado con el dictamen favorable de la Comisión de Energía del Proyecto de Ley 2145/2017. Los interesados defensores de las inversiones privadas creen religiosamente que la producción de crudo nacional se incrementará mágicamente gracias a la aprobación de la nueva ley. Sin embargo, las inversiones siguen un patrón asociado a la evolución del precio internacional del crudo, y por tanto, un mero interés comercial de maximización de ganancias y nulo interés por el desarrollo local o en garantizar la supuesta seguridad energética del país.