A lo largo del mes de octubre, en el Congreso del Perú, se discutirá el dictamen en mayoría de la Comisión de Energía en relación a la nueva Ley de Hidrocarburos. En primer lugar, la propuesta de ley es una desagradable herencia del casi vacado y defenestrado PPK, un consumado lobbista energético y olvidadizo ex-Presidente de sus negociados ilegales, cuya sombra de corrupción y contrastado entreguismo está interiorizada en esta nueva Ley de Hidrocarburos. Por otro lado, la nueva Ley de Hidrocarburos responde a intereses estrictamente económicos de algunas empresas petroleras privadas, preocupadas por ampliar la explotación de lotes con reservas probadas hasta la extinción del recurso, y cuyo desinterés en realizar inversiones exploratorias ha provocado la reducción de las reservas probadas y el incremento del déficit nacional de la balanza comercial de hidrocarburos, que en el año 2018 superará los 4000 millones de dólares, debido al incremento del precio internacional del crudo experimentado entre finales del año 2016 y octubre de 2018. Finalmente, es una ley muy desubicada que no se encuadra en un impostergable e inexorable proceso de despetrolización del Perú y dentro de un marco normativo de ordenamiento territorial de la Amazonía peruana, que permita garantizar la defensa de los derechos de las comunidades amazónicas e integrar la ocupación y explotación de los recursos naturales en estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo.
Una Ley de Hidrocarburos “A la PPK”
En la tabla 1 se presentan las características de algunos lotes en explotación, extraído de una exposición realizada el 14 de julio de este año, por el actual Presidente de Perúpetro, en el foro “Hacia una Nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Retos y Oportunidades”, se observa que entre 2021 y 2026 expiran los contratos de concesión de 8 lotes en explotación. La nueva Ley de Hidrocarburos propone ampliar al infinito el plazo de prorroga de los mencionados lotes con reservas probadas. Una especie de premio a las empresas privadas que han preferido expoliar los escasos recursos del Estado peruano que invertir en pozos exploratorios. Además, en un entorno de aumento del precio del petróleo, no tiene ningún sustento reducir las regalías, puesto que a un precio internacional actual del crudo por encima de los 80 dólares, el negocio petrolero es extraordinariamente rentable, incluso para el petróleo pesado de la selva peruana. Simplemente, las empresas petroleras y sus adláteres locales defienden el interés de los inversores privados de maximizar sus ganancias, pagando menos al Estado, y por tanto, generando menos canon para los gobiernos regionales de Tumbes, Piura y Loreto, principalmente. Una lógica empresarial válida pero que evidentemente no coincide con los intereses de los ciudadanos peruanos que viven en territorios con recursos petroleros. Una ley debe regular la explotación de los recursos para beneficio del país y no sólo por los caprichos financieros de un pequeño grupo de empresas privadas. Una forma de corrupción heredada del investigado PPK en una Ley de Hidrocarburos, tramada por una mente perversa ahora alejada forzosamente de la política nacional y en espera de debido proceso judicial por sus corruptelas y desfalco al Estado y pueblos del Perú.
Tabla 1: Lotes petroleros con contratos de explotación próximos a finalizar, Perúpetro.
Los lotes, con contratos próximos a finalizar, en total tienen una producción actual superior a 28 mil barriles diarios. Y según, el Presidente de Perúpetro, la producción de esos lotes podría incrementarse hasta unos 40 mil barriles diarios, figura 1, en caso de que se ampliasen los plazos de los actuales contratos en 10 años adicionales. Una propuesta alternativa al consorcio público/privado, defensor de los intereses de las empresas privadas petroleras, es dejar que se extingan los contratos y que PetroPerú asuma la explotación de esos lotes y contrate a empresas especializadas para continuar con la extracción de petróleo, en régimen de prestación de servicios, La propiedad del petróleo extraído será de PetroPerú, y por tanto, del Estado peruano. La entrega de los lotes con reservas probadas garantizaría una renta petrolera adecuada a PetroPerú que permitiría rentabilizar la inversión realizada en la reconstrucción de la refinería de Talara y disponer de un fondo de remediación de los desastres medioambientales causados por la empresas petroleras privadas y públicas en la Amazonía peruana. La figura 1 es especialmente clarificadora en relación al horizonte temporal de explotación de crudo en la costa norte del Perú. En los lotes, con contratos a finalizar entre los años 2021 y 2026, al Perú le queda petróleo para extraer hasta el año 2048, es decir, nada en términos energéticos. El escaso petróleo extraíble de las reservas probadas, existente en los lotes en explotación en la costa norte del Perú, podría suministrar el 40% de las necesidades de la refinería de Talara, sin considerar la explotación de los Lotes 8 y 192 en Loreto. Para garantizar el funcionamiento de la refinería a plena carga, el porcentaje restante de crudo ligero y pesado deberá ser importado, evidentemente, a precios internacionales.
Figura 1: Previsión de crecimiento de la producción en los lotes petroleros con contratos próximos a finalizar, Perúpetro.
Finalmente, es importante indicar que en el Perú, se experimenta una caída de producción desde mediados de los años 80, asociada al comportamiento geológico de los lotes y al desinterés de las empresas privadas en invertir. Las empresas petroleras ajustan sus niveles de inversión a las variaciones del precio del petróleo y a los períodos de recuperación de los mismos, limitados por los plazos establecidos en los correspondientes contratos. Así, en el periodo entre los años 2014 y finales del año 2016, la producción nacional se redujo, en promedio diario anual, desde los 69 mil barriles a 40 mil barriles, figura 2. Evidentemente, es complicado determinar con exactitud que porcentaje se asocia a la reducción natural de la producción en los lotes o a las estrategias comerciales de las empresas privadas en periodos de reducidos precios internacionales de petróleo. Por otro lado, entre finales del año 2016 y octubre del presente año, la producción de crudo nacional se ha incrementado, en promedio diario anual, desde los 40 mil barriles hasta los casi 48 mil barriles, figura 2. El precio internacional del crudo WTI se ha incrementado desde 26,5 dólares por barril, a inicios del año 2016, hasta 74,4 dólares por barril, a inicios de octubre del presente año. Mágicamente la producción nacional ha experimentado una sorprendente recuperación.
Figura 2: Evolución de la producción de crudo nacional en promedio diario anual entre los años 2009 y 2018, Perúpetro.
Insostenibilidad del Modelo Energético Actual
El crecimiento económico del Perú, experimentado entre 1990 y 2018, se ha basado principalmente en la ingesta de hidrocarburos: carbón, gas natural y petróleo, 78% del consumo total de energía secundaria, según el Balance Nacional de Energía del año 2016. Es decir, el crecimiento económico del Perú depende de recursos fósiles escasos, contaminantes, y con fecha de caducidad. En el caso del petróleo, el transporte representa el 45% del consumo final de energía, el 95% del cual son derivados de petróleo. Por tanto, el principal problema del Perú, en relación a dependencia energética externa, es el consumo energético en el sector transporte. El Perú deberá abordar indefectiblemente la electrificación del transporte en las ciudades y entre ciudades, de personas y mercancías, público y privado. En un escenario de despetrolización del transporte, la exploración y explotación de petróleo se debería limitar a satisfacer la reducida demanda de la refinería de Talara, unos 100 mil barriles diarios, siempre que las explotaciones petroleras no impliquen un riesgo ambiental inadmisible para las comunidades amazónicas y pescadores artesanales de la costa norte.
Figura 3: Previsión de crecimiento de la producción en los lotes petroleros en la Región Loreto entre 2019 y 2048, Perúpetro.
Por otro lado, el Estado peruano pretende conceder los correspondiente permisos para el inicio/reinicio de la exploración/explotación, sin consulta previa a las comunidades amazónicas, de los lotes 39, 64, 67, 95 y 192, con relativamente considerables reservas probadas de petróleo. En la figura 3, se observa que la producción pico en los mencionados lotes podría alcanzar los 100 mil barriles diarios en el año 2031. Sin embargo, se observa que la producción de petróleo se reducirá inexorablemente hacia el año 2048, por tanto, la explotación de las reservas de crudo en la selva peruana no garantizan la seguridad energética del país en un horizonte a largo plazo. En cualquier caso, el Perú seguirá siendo un país importador de petróleo y derivados de petróleo, aunque extraiga todo el petróleo existente en la costa norte y en la selva. No existe ninguna justificación seria para continuar con una adicción a recurso fósil escaso en el país y con una fecha de caducidad de algunas décadas. El Estado peruano debería iniciar un proceso acelerado de despetrolización del sector transporte y de sustitución de combustibles fósiles en usos residenciales, comerciales e industriales, que desacople su economía de una peligrosa dependencia exterior, más aún, cuando la señales externas indican el inicio de un nuevo periodo de precios internacionales elevados del crudo, debido a la conflictividad e inestabilidad política en importantes zonas de producción mundial de crudo: Venezuela y Oriente Próximo.
La explotación del crudo en la selva implica un riesgo inadmisible a la supervivencia de las comunidades amazónicas y a la biodiversidad de sus territorios. La experiencia del impacto medioambiental de la explotación petrolera y la impunidad de las empresas privadas, particularmente, en los lotes 8 y 192, que se niegan a remediar sus derrames, permite prever que las comunidades amazónicas no autorizarán la realización de actividades extracción de petróleo en sus territorios ancestrales. En este sentido, se debería iniciar un debate público en relación a una propuesta de moratoria de explotación de petróleo en la Amazonía peruana hasta la implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial, que permita a las poblaciones amazónicas decidir libremente sobre la exploración y explotación de petróleo.
Asimismo, se propone el establecimiento de una moratoria de exploración y explotación de petróleo en el mar del Perú, mientras se debate la creación de una zona de reserva marina en las costas de las regiones de Tumbes y Piura. Una zona de reserva marina garantiza la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas existentes, que sustentan la existencia de un conjunto actividades económicas, fuente de empleo y riqueza de millones de peruanos.
Conclusiones
El inefable y olvidadizo PPK dejó una bomba de tiempo energética al nuevo ejecutivo del Presidente Vizcarra. La nueva Ley de Hidrocarburos es una ley Ad-hoc que beneficia a algunas empresas del sector, con lotes cuyos contratos finalizan entre los años 2021 y 2026, es decir, en menos de una década. El Estado peruano en lugar de velar por los intereses de los ciudadanos peruanos, dueños de los territorios con recursos petroleros, se preocupa por establecer nuevas condiciones contractuales en un periodo de incremento de los precios internacionales del crudo, alegando la necesidad de reducir las regalías para captar mayores inversiones. Tampoco se preocupa por fortalecer a PetroPerú y crear las condiciones para que esta empresa estatal disponga de la propiedad de los lotes en explotación con contratos a finalizar en la próxima década, garantizando una adecuada renta petrolera que le permita rentabilizar las inversiones realizadas en la refinería de Talara y remediar el impacto ambiental de los derrames del Oleoducto Nor Peruano y de las empresas privadas que se niegan a asumir esos gastos, e incluso a pagar las multas por la contaminación de sus actividades.
Por otro lado, según la información presentada en diferentes foros por el Presidente de Perúpetro, el Perú tiene un escaso volumen de reservas probadas de petróleo, que en ningún caso cubriría una significativa parte de la demanda local de crudo, y que mucho menos reducirá la dependencia energética del país. La destrucción y contaminación de la selva y el mar peruano no garantiza la soberanía energética del país. El Perú seguirá importando petróleo y, por tanto, su economía dependerá de la volatilidad de los precios de petróleo y de las incertidumbres geoenergéticas existentes entre los países hegemónicos y los principales países productores de petróleo. En este sentido, la único solución es iniciar un proceso de electrificación del sector transporte. La electrificación del transporte y la sustitución del uso de combustibles fósiles en usos domésticos, comerciales e industriales permitirá al Perú desacoplar su economía de combustibles fósiles que el país dispone en limitadas cantidades. Un modelo energético insostenible en un horizonte a largo plazo.
El fantasma de PPK y su sesgo lobbista envuelve la propuesta de nueva Ley de Hidrocarburos, una pesada herencia que ha sido asumida por el MINEM y por Perúpetro, en su afiebrada defensa de los intereses de un pequeño grupo de empresas petroleras privadas, que no han cumplido con sus funciones de incrementar las reservas probadas, y sólo se han dedicado a invertir en pozos de desarrollo, para extraer y comercializar el escaso petróleo del Perú. Muchas organizaciones sociales han solicitado que se archive la ley, promovida por PPK, un cadáver político que aún defenestrado continúa influyendo en algunos organismos estatales. Una ley que viola los inalienables derechos de las comunidades amazónicas y pesqueros artesanales de costa noroeste del Perú a vivir con dignidad en sus territorios ancestrales y no a convivir con los pasivos medioambientales de la explotación petrolera. Una nefasta ley que pretende reducir las regalías a las empresas petroleras en un periodo de aumento de los precios internacionales del petróleo y favorecer a unas cuantas empresas privadas, cuyos contratos finalizan la próxima década.