Los pasivos medioambientales dispersos a lo largo y ancho del Lote 192 son la herencia hiriente del peor negocio de destrucción socioeconómica y medioambiental de la selva peruana: el negocio de extracción de petróleo. Ante la recurrente negativa de las empresas petroleras a asumir sus obligaciones de remediación de los pasivos medioambientales, el Estado peruano deberá gastar miles de millones de dólares en remediar inmensos territorios contaminados, mientras las empresas petroleras se dedican a judicializar las multas y desentenderse de sus responsabilidades de recuperación y saneamiento de las zonas contaminadas por derrames petroleros.

La acelerada disminución de los descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo, con importantes reservas recuperables, es un indicador técnico muy inquietante que corrobora la gravedad del agotamiento de este preciado recurso fósil, en las últimas décadas a escala global. A pesar del espectacular desarrollo de la tecnología de exploración y las técnicas de aprovechamiento de los pozos depletados, así como el acceso a zonas anteriormente inexploradas como las regiones polares, zonas de aguas profundas y ultraprofundas, perforaciones a grandes profundidades, los descubrimientos de nuevos yacimientos, con significativas reservas, son eventos muy esporádicos y vaticinan la aparición de un horizonte futuro de elevados precios del crudo y sus derivados. La aparición del mencionado horizonte de crepúsculo fósil dependerá de la rapidez del depletamiento de los yacimientos en explotación, de la intensidad de la reducción del descubrimiento de nuevas reservas recuperables y de la evolución de la demanda global de crudo en los próximos años.

El 6 de julio del presente año, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos organizó el Webinar denominado “Amazonía Petrolera”. El tema central del evento fue la descripción de la necesidad de reorganizar el sector petrolero nacional para continuar con la extracción del crudo en la selva peruana en la etapa post-COVID 19. Eso sí, esta vez el lobby petrolero ha entendido, después de casi 50 años de explotación, que hay algunas brechas que resolver, entre ellas, la nula incidencia de los beneficios del negocio del petróleo en las comunidades amazónicas y la urgencia de abordar la remediación de los irreversibles impactos medioambientales de los derrames de crudo, vergonzosas y silenciadas secuelas del negocio de la extracción del petróleo. El discurso de los promotores de intensificar el negocio del petróleo se centra en solventar las brechas sociales existentes y luchar por la remediación de las zonas contaminadas de la selva peruana, reduciendo las regalías de las empresas petroleras para las próximas décadas, una ecuación que no cuadra.     

El 5 de junio del presente año, Perupetro publicó en su portal una alerta en relación a la existencia de una indignante campaña de desinformación, orquestada por un maléfico grupo de opositores y enemigos de la inversión en el país. El gran desinformado parece ser Perupetro pues no aporta datos convincentes de la maligna campaña de desinformación. La aprobación por parte del Gobierno peruano de la firma del contrato de licencia de exploración y explotación, mediante el Decreto Supremo 012-2019 EM del 30 de abril del año 2019, implica la entrega de más de 500 km² del Mar de Grau a las actividades exploratorias de hidrocarburos en una zona de especial riqueza y biodiversidad marina, introduciendo un innecesario riesgo a las actividades pesqueras en el litoral de Tumbes. Perupetro argumenta la inocuidad de las actividades exploratorias de petróleo y gas en Tumbes por la distancia de las futuras plataformas: 5 millas. Probablemente desconoce Perupetro que un derrame de petróleo no sabe de distancias y límites humanos y se moverá indistintamente en función de las mareas, destrozando toda vida marina que encuentre en su camino. Un absurdo riesgo que deberá ser asumido por los pesqueros artesanales y los pobladores de la costa de Tumbes. Por otro lado, Perupetro informa que la explotación de hidrocarburos existe en Tumbes desde hace 20 años y ha reportado ni más ni menos que 1500 millones de soles en canon en los últimos 10 años, un promedio de 12 millones 500 mil soles al mes, frente a unos 10 millones 500 mil soles en valor agregado, obtenidos del desembarque de productos hidrobiológicos en puertos y caletas de Tumbes, en promedio mensual, entre los años 2008 y 2016. En Perupetro no preocupan mucho por entender que el petróleo es un negocio fugaz y con demasiado riesgo para los pescadores tumbesinos. El negocio petrolero no parece ser un negocio rentable y compatible con las actividades pesqueras en Tumbes. Además, un derrame podría canibalizar, por no decir destruir, durante años, un negocio tan rentable como la pesca y afectar la estabilidad económica de centenas de pesqueros artesanales.

La cambiante situación política nacional condiciona seriamente un debate inaplazable sobre el futuro del petróleo en el Perú. El 31 de octubre del año 2018 se recordará como el día en que la sucesora de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fue sentenciada a 36 meses de prisión preventiva bajo la acusación de dirigir una organización criminal para delinquir, enquistada en el partido político Fuerza Popular. En este sentido, en el Congreso peruano existe una mayoría perteneciente a un partido político cuya cúpula está acusada de actividades delictivas dirigidas a obtener financiación ilegal para capturar el poder. En este ambiente nauseabundo y pestilente del Congreso peruano se pretende aprobar la Ley de Hidrocarburos, promovida precisamente por representantes de un partido político deslegitimado y con un capital político ínfimo, después de los resultados de las últimas elecciones regionales. En este sentido, la primera reivindicación de los diferentes actores implicados en las actividades petroleras es la paralización de la discusión de la propuesta existente en el Congreso, que sólo representa la visión de las empresas privadas petroleras; y la realización de un debate nacional sobre el futuro de las actividades petroleras en el Perú, enmarcado en una propuesta de transformación del modelo energético actual a largo plazo hacia un modelo renovable y respetuoso con el medio ambiente. Sería realmente un absurdo que un Congreso, deslegitimado por una mayoría parlamentaria perteneciente a un partido político, cuya dirección nacional es acusada de conformar una organización mafiosa para delinquir, pueda simplemente discutir una ley sobre hidrocarburos, y menos aún aprobarla. Las organizaciones sociales de la Amazonía peruana y los gremios de pescadores artesanales deberían exigir el archivo del actual formato de la Ley de Hidrocarburos, aprobada por dictamen en mayoría de Fuerza Popular en la Comisión de Energía del Congreso, por no responder a los intereses del Perú. En un periodo de convulsión política y deslegitimación de partidos políticos es necesario iniciar una discusión nacional seria y desapasionada sobre el futuro del petróleo en el Perú.