En las últimas semanas se ha reiniciado el inacabable debate sobre la nacionalización del gas de Camisea. El gobierno actual y sus aliados han inyectado en el debate una particular dosis de nacionalismo y argumentan la necesidad de recuperar este valioso recurso fósil para la masificación total del país y la construcción del gasoducto a las regiones del sur del país. Repiten un discurso desfasado que a inicios del presente siglo hubiese sido valido, pero 16 años después de la llegada del gas de Camisea a la costa del Perú, y más exactamente al gran mercado de Lima, el sinceramiento de las reservas existentes, la falta de descubrimientos de nuevos yacimientos y el típico comportamiento geológico de los recursos fósiles inducen a plantear un nuevo debate sobre el uso del gas en las próximas dos décadas: Quedan como mucho 20 años para que el Perú agote sus reservas actualmente existentes y urge le necesidad de reestructurar el sistema energético peruano ante la irreversible perspectiva de acelerada reducción de las reservas probadas y agotamiento del gas natural.
Situación Actual de las Reservas de Gas Natural
El año 2021, el Ministerio de Energía y Minas publicó el “Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2019”, con información al 31 de diciembre del año 2019. Según la información presentada en el mencionado informe, las reservas probadas de gas natural equivalen a 10,1 TCF, tabla 1.
Las reservas probadas de gas natural a lo largo del año 2019 se han reducido en 0,462 TCF, en relación al año 2018, debido principalmente a la demanda experimentada en el consumo interno y exportación. Si se estima un consumo equivalente de gas natural en los años 2020 y 2021, de aproximadamente 0,9 TCF, las reservas probadas se deberían haber reducido a un valor equivalente a 9,2 TCF, a finales del año 2021.
Un cálculo burdo permite afirmar que al ritmo de consumo actual, el Perú podría satisfacer la demanda actual de gas natural, con las reservas probadas publicadas por el MINEM, apenas para 20 años más. La construcción del Gasoducto Sur Peruano y la masificación de todo el país implicarían una significativa reducción adicional de las reservas y, por tanto, una reducción del horizonte de garantía de suministro energético de gas natural, considerando que no existe una perspectiva real de realización de nuevos descubrimientos de gas natural en las próximas décadas. Es importante indicar que no se descubren las reservas que se deseen sino las que objetivamente existen desde un punto de vista geológico.
Es importante recordar que la reducción de las reservas probadas de gas natural es un fenómeno que experimenta el Perú desde hace varios años. Así, las reservas probadas se han reducido de 15 TCF a 10,1 TCF entre los años 2013 y 2019, figura 1. Por tanto, se puede deducir que las reservas probadas continuarán su inexorable reducción en los próximos años, a menos que se descubra un nuevo reservorio de Camisea en los próximos años, algo sinceramente muy improbable.
Las reservas probadas son tan reducidas que el gobierno actual y cualquier futuro gobierno se encuentra en la obligación de plantear la necesidad de establecer una política de Estado para iniciar un proceso acelerado, controlado, planificado y meditado de transición energética, basado en la masificación de tecnologías renovables, sistemas de almacenamiento, eficiencia energética, modernización y flexibilización de los sistemas de transmisión y distribución, la electrificación del transporte público y privado y de los usos en cocción y calentamiento del agua del GLP, así como en la implementación de sistemas inteligentes de gestión y control de la demanda y la promoción de una cultura de sobriedad y sencillez energética.
La interacción entre la oferta y la demanda de gas natural en el Perú se puede analizar, además, con una gráfica propuesta por la empresa NETHERLAND consulting en el año 2011, figura 2. Se observa que en el año 2028 finaliza el contrato de exportación que implica un volumen de exportación de 4,2 TCF, de los cuales 2,0 TCF han sido prestados del Lote 88. En el momento de finalización del periodo de exportación, la producción de Camisea será de 800 MMPCD, valor localizado en la curva de acelerada reducción del volumen de gas natural extraído. 3 años después, en el año 2031, Camisea empezará a tener problemas con el suministro actual de la demanda local en las centrales de generación eléctrica, en el sector industrial, comercial, vehicular y residencial, que en promedio oscila alrededor de 600 MMPCD. En resumen, a partir del año 2031 se deberá desconectar secuencial y ordenadamente a las centrales eléctricas a gas natural para evitar desconectar a los restantes consumidores, que con suerte podrán continuar con su suministro de gas natural hasta el año 2040. Ante esta perspectiva de evolución de la oferta de producción de gas natural de Camisea y ausencia de nuevos descubrimientos durante décadas, la masificación de gas natural resulta una propuesta poco sustentada, demagógica y extremadamente imprudente. En este sentido, sobran los motivos para iniciar un proceso acelerado de transición energética, que permita entre los años 2030 y 2040 sustituir el consumo de gas natural en diversos sectores de la economía nacional.
Desde una visión energética y estratégica desapasionada, el uso del gas natural en el Perú ha sido simplemente poco inteligente. Los usos finales de la demanda de gas natural en el Perú se han empleado únicamente en sistemas de combustión: centrales eléctricas de ciclo simple y de ciclo combinado, motores de combustión industriales y vehiculares, así como sistemas de combustión domésticos para cocción, ya sea GLP o gas natural seco – mezcla de metano y etano. Es decir, si se calculase el empleo útil de la energía del gas en el Perú desde el año 2004, con un consumo promedio de 0,4 TCF anuales y un rendimiento global de todas las instalaciones de conversión de 0,4, de los 6,8 TCF extraídos en el periodo analizado, 4,1 TCF sirvieron para calentar el entorno de las instalaciones finales de conversión de gas. 4,1 TCF sin ningún uso final, miles de millones de dólares quemados absurdamente.
El Estado peruano no ha tenido una visión clara del empleo del gas natural como un vector de industrialización y generación de una industria petroquímica por muchas décadas, prefirió una monetización acelerada del gas natural y encadenar diferentes sectores económicos de la sociedad a un recurso energético escaso, que no puede proporcionar un horizonte de sostenibilidad de al menos 50 o 60 años, que es la vida útil de los ductos de gas natural. Las futuras generaciones juzgarán con severidad haber desperdiciado una oportunidad única de crear una industria petroquímica, que hubiese maximizado el valor añadido de la transformación industrial, en lugar de quemar un gas tan noble durante varias décadas.
En este sentido, es triste comprobar que los diferentes agentes del actual gobierno adoptan y mantienen el mismo discurso de masificación y construcción del gasoducto sur peruano, GSP, sin mínimamente analizar la situación de las reservas y la insostenibilidad energética y estratégica de continuar enganchando diversos sectores de la economía peruana a un recurso energético que le quedan apenas unos años de reservas probadas y ni un solo nuevo yacimiento descubierto.
Negociación y Gestión de los Residuos de Gas Natural
Ante la inexorable amenaza de agotamiento del gas de Camisea y desconexión planificada de los grandes consumidores desde el año 2031, el Estado peruano debe gestionar, adecuadamente, el escaso gas que queda en reservas probadas para la creación de un polo petroquímico en el Cusco y Arequipa, aprovechando los tubos abandonados de la corrupta y corruptora Odebrecht. Por tanto, la negociación del actual gobierno debería concentrarse en cancelar el contrato de exportación y recuperar los 2 TCF del Lote 58 para su empleo en la industria petroquímica.
La creación de un polo petroquímico, además de generar una importante cantidad de empleos de calidad, permitiría obtener productos industrializados con un elevado valor añadido como nitratos de amonio, amoniaco, urea, polietileno y propileno. En lugar de ilusionar gratuitamente a los habitantes de la Región Cuzco y Arequipa, las autoridades nacionales y regionales deberían planificar seriamente el uso más eficiente del gas natural en el sur del Perú.
En paralelo, el Estado peruano deberá iniciar un serio proceso de transición energética, basado en la sustitución acelerada del consumo de gas natural en el sector industrial, comercial, residencial y vehicular. El gas natural liberado se podría emplear en el complejo petroquímico de Cusco y Arequipa. Actualmente, la generación de energía eléctrica en sistemas renovables es mucho más barata que en sistemas térmicos convencionales a gas natural y no parece lógico seguir quemando un recurso natural en sistemas de conversión con rendimientos globales inferiores al 40%.
Por tanto, en un mercado eléctrico competitivo, los usuarios residenciales deberán tener la posibilidad de abandonar el gas natural y emplear energía eléctrica renovable en sus sistemas de cocción y calentamiento de agua. Asimismo, los usuarios comerciales e industriales deberían disponer de una normativa legal propicia para la implementación de proyectos de sistemas renovables de generación eléctrica y abandonar a la máxima brevedad el uso de gas natural.
En conclusión, la propuesta de retomar el GSP por el actual gobierno no responde a los intereses de las regiones del sur. Es una propuesta que responde a los intereses de un reducido grupo de empresas eléctricas, que gracias a un Estado obsecuente y servil financiador de sus negocios privados, sueña con tener su ducto propio al Nodo Energético del Sur, NES, a costa de financiación estatal, es decir, de todos los peruanos.
Ante el fracaso del GSP, el lobby local del gas presiona al Estado peruano para que inicie una nueva licitación del GSP, evidentemente bajo una nueva modalidad de inversión, puesto que los ingresos garantizados es una modalidad que ya huele bastante mal para los usuarios eléctricos. El Estado peruano no debería presentar demasiado interés en buscar soluciones al suministro del NES, puesto que se convierte en complice de futuros negociados energéticos. En cualquier caso, las empresas dueñas de las centrales del NES disponen de un contrato de pago por potencia que garantiza sus inversiones térmicas, pero quieren más. Desean participar activamente en el negocio eléctrico, léase facturar por venta de energía.