La joven democracia peruana tiene el triste e infausto privilegio de contar con un insólito club de varios ex-presidentes encarcelados, en búsqueda y captura o con juicios pendientes por corrupción, malversación de fondos o delitos de lesa humanidad. El reciente encarcelamiento preventivo de la pareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, mientras se evalúa su participación en lavados de activos por recibir dinero para la financiación de la campaña electoral nacionalista por Odebrecht, profundiza la dimensión de corrupción que se despliega sobre el proyecto del GSP y plantea la necesidad de analizar la legitimidad de las decisiones adoptadas por gobiernos corruptos. A la inexistencia de un contrato concreto de suministro de gas natural y a la falta de un estudio económico-financiero, que no incluye estudios de demanda eléctrica final, la previsión de construcción de ramales secundarios para usos domésticos e industriales o para la creación de una industria petroquímica se añaden las sombras de una mafia política corrupta y corruptora, dueña de las riendas del Estado peruano durante 5 años, que impuso durante un lustro a diferentes Ministerios y Organismos del Estado sus desubicados e injustificados caprichos electorales.
El Enrevesado Mecanismo de Ingresos Garantizados
En el caso del GSP, la caprichosa promesa electoral de la pareja presidencial tiene como únicos beneficiarios a la empresa que se encargará de la construcción del gasoducto y a las empresas que explotarían las centrales termoeléctricas del Nodo Energético de Sur, que podrían funcionar a gas natural, sustituyendo al diesel como energía primaria, trasladando la inversión al usuario final bajo el creativo concepto de ingresos garantizados. El Nodo Energético del Sur es una demanda de gas ficticiamente creada, que exige la realización de una rigurosa auditoría económico-financiera independiente, con el objetivo de definir los beneficios reales, tangibles y directos para los usuarios eléctricos y para el futuro energético del país, de la implementación de un mecanismo de rentabilidad asegurada a empresas privadas a cargo de la tarifa eléctrica. Es inconcebible que desde altos niveles de decisión del Estado peruano aún se defienda la absurda idea de continuar con la construcción de un gasoducto, apestado, contaminado y sucio desde su gestación, por la decidida intervención e interés de una pareja presidencial, con serios indicios de haber planificado e implementado un desvergonzado entramado de corruptelas y lavado de activos a escala nacional.
En el Perú, gracias a un Estado entrometido e intervencionista, las empresas energéticas disponen de un mecanismo legal que les permite trasladar el riesgo de la inversión en construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras energéticas – centrales eléctricas, líneas de transmisión, nodos energéticos y ductos de gas – a los usuarios finales, vía tarifa eléctrica a cambio de absolutamente nada o tan sólo promesas de una futura reducción del precio de la electricidad. Los usuarios finales subsidian la financiación de infraestructuras energéticas sin ningún mecanismo de retribución posterior garantizado. Es decir, se garantizan los ingresos de las grandes empresas privadas pero no se garantiza la devolución del esfuerzo económico, realizado por el usuario final para viabilizar un proyecto energético privado y sin que exista claridad en el beneficio futuro.
En cualquier sistema económico serio, las inversiones se realizan con el capital de las empresas concesionadas o decididas a construir infraestructuras energéticas y a asumir el correspondiente riesgo económico, y no con la inversión del dinero del bolsillo de los consumidores finales, que no obtienen nada a cambio. El ciudadano y el usuario eléctrico son entes abstractos sin capacidad de decisión, de discernimiento y sin derechos frente a los intereses económicos de las empresas energéticas, que no necesariamente coinciden con los intereses estratégicos energéticos del país. Cientos de miles de peruanos realizan pequeñas inversiones, hipotecando sus bienes y vidas ante los bancos y prestamistas, sin exigir mecanismos de compensación o garantía de retribución de la inversión realizada, y sin plantear la surrealista idea que sus emprendimientos privados sean financiados por un incremento del impuesto de la recogida de basura a los posibles futuros clientes del distrito, donde se ubicarán sus futuros negocios. Las inversiones privadas de cientos de miles de peruanos se realiza únicamente con la confianza en su esfuerzo, creatividad y vocación emprendedora.
Anulación o Reforma de La Ley de Ingresos Garantizados
Un análisis serio del mecanismo de ingresos garantizados permite definirlo como un esquema muy creativo e ingenioso de minimización del riesgo de la inversión privada en infraestructuras energéticas, incredula en la rentabilidad de un determinado proyecto energético, escondiendo sus miedos en la protección estatal y socializando el riesgo en los usuarios finales. Para el concepto de ingresos garantizados, las infraestructuras energéticas poco o nada rentables son financiadas por los usuarios finales, cumpliendo un perverso y desgastado axioma neoliberal: se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, pero en el caso peruano, incluso antes de que entren en funcionamiento o simplemente realicen su función esperada. En el caso del Nodo Energético del Sur y el GSP, los gestores privados de estas instalaciones tiene garantizada una rentabilidad, se genere energía eléctrica o no, se transporte gas o no. Por tanto, existe el riesgo real que estas instalaciones energéticas terminen siendo elefantes blancos, es decir, no se excluye la posibilidad real de que el GSP no traslade gas y que el Nodo Energético no genere electricidad con gas natural, y si con diesel a precios exorbitados, introduciendo un innecesario riesgo de incremento de la tarifa eléctrica. No existe preocupación por parte de las empresas privadas, esas empresas ganarán por ley el 12%, en dólares después de impuestos y gastos, funcionen o no funcionen estas infraestructuras energéticas, por tanto, les da realmente igual. Ganan sí o sí. Por otro lado, tanto el Nodo Energético del Sur como el GSP no responden a una estrategia a largo plazo de transición energética hacia un futuro modelo energético despetrolizado y desmetanizado, y socialmente inclusivo.
La Ley de Ingresos Garantizados debería reformarse e incluir clausulas o mecanismos de protección al Estado y a los usuarios finales, que garanticen la viabilidad y sostenibilidad energética del proyecto y la retribución económica social de la inversión realizada. Entre estos mecanismos de protección se propone discutir los siguientes:
– Realización de una auditoría independiente de la infraestructura energética proyectada que demuestre la viabilidad económica y sostenibilidad energética, integrada en un proceso de transformación del modelo energético actual hacia un modelo energético renovable, eficiente, socialmente inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. Así, el actual mecanismo legal de ingresos garantizados permitiría realizar inversiones en megaproyectos energéticos renovables en el sur del Perú, permitiendo la sustitución de la energía eléctrica esperada por el Nodo Energético del Sur de origen fósil, y convirtiendo a esta artificiosa infraestructura energética en un monumento a la ineficiencia estatal.
– Derecho a recibir las instalaciones energéticas en propiedad estatal, construidas mediante el mecanismo de ingresos garantizados. Se debería desarrollar un mecanismo que permita trasladar la propiedad de las instalaciones energéticas, construidas con la tarifa aplicada a los usuarios finales, a empresas públicas del sector energético peruano, ElectroPerú y PetroPerú, por ejemplo.
– Capacidad legal de decisión de los usuarios finales a negarse a pagar un subsidio adicional si estiman que no se garantiza la correspondiente retribución económica futura por la inversión inicial realizada para la construcción de una determinada infraestructura energética.
En caso contrario, sin la introducción de mecanismos de protección, la Ley de Ingresos Garantizados es nefasta y onerosa para el país y sólo es un mecanismo de beneficio descarado, que garantiza la rentabilidad de proyectos energéticos de empresas privadas con dinero de los usuarios finales. En este sentido, lo más conveniente y adecuado para el país sería la derogación de esa ley y la búsqueda de mecanismos competitivos y transparentes de inversión privada en infraestructura energética.