El Nodo Energético del Sur y el Gasoducto Sur Peruano, GSP, son signos inequívocos de la deriva estratégica estatal en el sector energético. Ambos proyectos tienen un factor común: el riesgo de la inversión es trasladado a los usuarios finales, puesto que por una absurda ley se garantizan por contrato sus ingresos funcionen o no funcionen esas instalaciones. Asimismo, ambos proyectos no encajan, bajo ninguna circunstancia o escenario, dentro de una estrategia renovable de transformación del modelo energético peruano. Además, responden a caprichos electorales de una pareja presidencial mediocre, incompetente, corrupta y desconocedora de realidad energética del país. Gracias al descubrimiento del entramado corrupto de Odebrecht y sus prácticas delictivas, la construcción del GSP se paralizó y se abortó una de las más ingeniosos atracos de la historia energética del Perú y se eliminó una de las más descaradas estafas a los usuarios eléctricos. El aborto del GSP afecta directamente al funcionamiento del Nodo Energético del Sur, puesto que obliga a las centrales térmicas a quemar diesel para la producción de energía eléctrica, introduciendo un riesgo innecesario en el establecimiento de los precios de generación eléctrica. La solución más pragmática para anular la amenaza diesel del esperado incremento del precio de la electricidad es declarar una moratoria al Nodo Energético del Sur: una moratoria diesel. Existen experiencias internacionales de moratorias energéticas, una de las destacables es la moratoria nuclear en España a inicios de los años 80, con la llegada del PSOE y Felipe González al poder.

Caprichos Fósiles: GSP y Nodo Energético del Sur

El Estado peruano no dispone de una estrategia energética seria con perspectiva a largo plazo y constantemente desvela un absurdo empecinamiento por la promoción y financiación de infraestructura eléctrica que encadena el futuro del país a la dependencia de recursos fósiles durante decenas de años. No es comprensible el encaprichamiento estatal de continuar con un proyecto energético heredado de un gobierno corrupto e implicado en entramados delictivos, que sólo induce a pensar en un interés insano en continuar con el carrusel de coimas y sobornos. El Estado peruano actúa como una especie de “Godfather Fósil” que promociona, vigila y protege los intereses y negocios de los lobbys fósiles. En lugar de iniciar la correspondiente auditoría para dirimir responsabilidades políticas y penales, además de las investigaciones e indagaciones necesarias para aclarar el incremento del coste del proyecto de 1300 millones a más de 7000 millones de dólares entre el 2008 y el 2014, el Estado peruano continua con un sospechoso e inconsistente discurso de convencer al país que el GSP es un proyecto impostergable, emblemático e inaplazable y se empecina en convocar procesos de licitación a través de Proinversión, bajo las mismas condiciones de ingresos garantizados, bien vía tarifa eléctrica o vía transferencias del tesoro público.

Si el GSP es tan rentable como se argumenta, entonces, que sea financiado por el sector privado y se encarguen las empresas interesadas en invertir sus recursos, tiempo y dinero en elaborar y presentar propuestas técnicas serias, que incluyan las correspondientes garantías de suministro de gas y un estudio apropiado de demanda eléctrica. Los únicos interesados en la construcción del GSP en el formato actual son, en primer lugar, la empresa constructora que se encargará de la obra y, en segundo lugar, pero en menor medida, las empresas que gestionan y explotan el Nodo Energético del Sur, puesto que tienen garantizados sus ingresos se construya o no el gasoducto.

La consecuencia natural de la paralización de la construcción del GSP es la evaluación de la sostenibilidad energética del Nodo Energético del Sur y de las muy probables graves distorsiones a la economía nacional por el esperable incremento de los precios de la tarifa eléctrica, debido a la participación de las centrales diesel del Nodo Energético del Sur en el mercado de corto plazo. Los lobbys nacionales del gas han reaccionado rápidamente y exigen la continuidad del proyecto del GSP, el chantaje diesel. Los argumentos que esgrimen es el incremento del precio de la generación eléctrica, puesto que deberán quemar diesel para garantizar su participación en el mercado eléctrico.

La respuesta más clara y contundente al chantaje del Nodo Energético del Sur es implementar una moratoria diesel, que impida el funcionamiento de las centrales térmicas diesel por el grave peligro que implica para el establecimiento de precios de generación eléctrica en el mercado spot y las gravísimas repercusiones y distorsiones que podrían implicar para la economía nacional. El precio marginal de la generación de energía eléctrica se multiplicaría por 15 o 20 veces, puesto que el precio de generación eléctrica a partir de diesel está por encima de 250 dólares por MWh. El Estado peruano se verá obligado a implementar mecanismos económicos de compensación que derivarán en déficit tarifario, que tarde o temprano se deberá sincerar y trasladar a los usuarios finales. Las sombras de los malos manejos e irresponsabilidad de los 80 se vislumbran en el corto plazo, gracias a la miopía estatal y a su incapacidad de elaborar una estrategia energética a largo plazo.

La Experiencia Española: Moratoria Nuclear

En octubre del año 2015, los usuarios eléctricos españoles finalizaron oficialmente el pago de la moratoria nuclear, una indemnización a cargo de la tarifa eléctrica por la paralización de la construcción de centrales nucleares en España en el año 1984. El Gobierno de Felipe González reconoció una deuda para las centrales en moratoria nuclear de aproximadamente unos 3 mil 800 millones de euros a 31 de diciembre de 1989. Así, se estableció que la compensación se realizaría con un recargo en la facturación por venta de energía a los consumidores, y se fijó en un máximo del 3,54% y por un plazo máximo de 25 años. En el año 1996, el gobierno español titulizó la compensación económica por el parón nuclear y las empresas eléctricas recibieron la indemnización en un sólo pago. El Estado español emitió bonos para la obtención de fondos y pagar a las eléctricas afectadas por la paralización de la construcción de centrales nucleares. El sobrecoste pagado a las empresas eléctricas por los usuarios españoles supera los 5 mil 700 millones de euros, de los cuales 1300 millones son intereses a los bancos. Los usuarios eléctricos españoles han liquidado la deuda asociada a esos bonos y sus intereses, con el dinero recaudado a cargo del recibo eléctrico, en un periodo de 20 años. Los derechos de compensación adquiridos por las empresas eléctricas se debieron prolongar hasta el año 2020, pero la deuda de los bonos se ha liquidado anticipadamente.

La compensación asignada a las centrales nucleares españolas fue un rescate financiero en toda regla. Los costes de construcción de las instalaciones nucleares de Valdecaballeros y Lemoniz fueron superiores a lo inicialmente planificado en un 450%. El impacto económico en la tarifa eléctrica española sería tan oneroso e impredecible para la economía del país que se prefería no conectar centrales que estaban totalmente construidas y equipadas, listas para entrar en funcionamiento. Así, para no incrementar en exceso el coste de la energía eléctrica para los usuarios finales se planificó una distribución del coste del impacto de operación de las centrales nucleares en un período de veinticinco años, con la previsión de concluir en el año 2020. Juan Manuel Eguiagaray, Ministro de Industria de ese periodo, escribió “el sector público hubo de rescatar financieramente a las eléctricas, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico derivado de una planificación delirante, en total contradicción con las necesidades de la demanda”. Cualquier coincidencia con la realidad peruana es pura casualidad. La ventaja de la moratoria diesel en el Perú es que no será necesario pagar los costes de operación y mantenimiento, puesto que la moratoria diesel debería implicar su cierre y desmantelamiento.

Implicaciones de la Moratoria Diesel

La implementación de una moratoria diesel en el Perú tendría las siguientes consecuencias e implicaciones:

• Reforzaría la percepción ciudadana existente sobre la incapacidad del Estado de articular decisiones coherentes asociadas a una política estratégica energética a largo plazo. En las próximas décadas, el Perú deberá afrontar una acelerada transformación del modelo energético fósil actual enmarcada en una ley de transición energética y adaptación al cambio climático.

• Desvelaría la inexistencia de una concepción estratégica estatal en relación al sector energético, adaptada a los cambios e innovaciones tecnológicas que experimenta el sector energético en el mundo.

• Reafirmaría la necesidad de elaborar e implementar un plan de transformación del modelo energético a largo plazo, basado en la masiva integración de tecnologías renovables, en la modernización de los sistemas de distribución, en la integración eléctrica regional, y en la aplicación de mecanismos de ahorro y eficiencia energética en los sectores domésticos, comerciales e industriales.

• Permitiría rediseñar el mercado eléctrico peruano con la integración de innovadores conceptos de flexibilización del sistema eléctrico como: la gestión inteligente de la demanda; la contratación directa entre las empresas distribuidoras y empresas renovables de generación eléctrica; la redefinición del concepto de potencia firme; la participación de las tecnologías renovables en la reserva rodante secundaria y en el control de tensión; así como en la gestión de desvíos. El actual marco normativo eléctrico deberá ser superado por un nuevo entorno legal. El rediseño del sistema eléctrico peruano exige el desarrollo y promulgación de una Ley de Ordenamiento del Sector Eléctrico.

• Obligaría a los organismos energéticos estatales, en el muy corto plazo, concretamente en los próximos 4 años, a convocar subastas renovables anuales para reemplazar la energía eléctrica que las centrales diesel del Nodo Energético del Sur no inyectará al SEIN. La cifra no es nada desdeñable, aproximadamente 2000 MW en centrales térmicas diesel, equivalentes a 16000 GWh. Sería necesario convocar 4 subastas de 4000 GWh durante 4 años seguidos.

• Requeriría la complejización del mecanismo de subastas renovables, que permitan: la competencia entre tecnologías renovables con precios de generación muy similares – eólica, solar e hidráulica –; la asignación de un cupo de energía renovable a las centrales renovables gestionables: geotérmicas y solar termoeléctricas, con el objetivo de reemplazar un elevado porcentaje de la energía eléctrica que no podrán inyectar las centrales térmicas del Nodo Energético del Sur, debido a la moratoria diesel; la localización geográfica de los sistemas renovables en zonas de interés para el suministro de energía eléctrica, asociadas a una estrategia de desmetanización y descentralización del sistema eléctrico nacional; la obligatoriedad de disponer un porcentaje mínimo de potencia firme o respaldo de sistemas de acumulación – baterías eléctricas, sistemas de acumulación en hidrogeno o centrales hidráulicas reversibles – por bloques renovables.

• Exigiría el inicio del proceso de cierre y desmantelamiento del Nodo Energético del Sur.

En conclusión, el sector eléctrico peruano se encuentra en momentos muy complicados. El supuesto exceso de potencia es una falacia fácilmente desmontable si se considera que las centrales energéticas del Nodo Energético del Sur no deben entrar nunca en funcionamiento y se les aplica una moratoria diesel por el periodo de validez del contrato con ingresos garantizados. En el Perú, las subastas renovables han demostrado la competitividad económica de los sistemas de generación renovable y el SEIN puede perfectamente asumir un importante nivel de penetración de generación renovable, en un mix óptimo de tecnologías renovables gestionables y no gestionables. Las experiencias internacionales demuestran que técnicamente es viable, el principal desafío es flexibilizar el mercado y el sistema eléctrico que garantice la integración de significativos volúmenes de energía renovable.