CLAVES PARA UN DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL PETRÓLEO EN EL PERÚ

La cambiante situación política nacional condiciona seriamente un debate inaplazable sobre el futuro del petróleo en el Perú. El 31 de octubre del año 2018 se recordará como el día en que la sucesora de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fue sentenciada a 36 meses de prisión preventiva bajo la acusación de dirigir una organización criminal para delinquir, enquistada en el partido político Fuerza Popular. En este sentido, en el Congreso peruano existe una mayoría perteneciente a un partido político cuya cúpula está acusada de actividades delictivas dirigidas a obtener financiación ilegal para capturar el poder. En este ambiente nauseabundo y pestilente del Congreso peruano se pretende aprobar la Ley de Hidrocarburos, promovida precisamente por representantes de un partido político deslegitimado y con un capital político ínfimo, después de los resultados de las últimas elecciones regionales. En este sentido, la primera reivindicación de los diferentes actores implicados en las actividades petroleras es la paralización de la discusión de la propuesta existente en el Congreso, que sólo representa la visión de las empresas privadas petroleras; y la realización de un debate nacional sobre el futuro de las actividades petroleras en el Perú, enmarcado en una propuesta de transformación del modelo energético actual a largo plazo hacia un modelo renovable y respetuoso con el medio ambiente. Sería realmente un absurdo que un Congreso, deslegitimado por una mayoría parlamentaria perteneciente a un partido político, cuya dirección nacional es acusada de conformar una organización mafiosa para delinquir, pueda simplemente discutir una ley sobre hidrocarburos, y menos aún aprobarla. Las organizaciones sociales de la Amazonía peruana y los gremios de pescadores artesanales deberían exigir el archivo del actual formato de la Ley de Hidrocarburos, aprobada por dictamen en mayoría de Fuerza Popular en la Comisión de Energía del Congreso, por no responder a los intereses del Perú. En un periodo de convulsión política y deslegitimación de partidos políticos es necesario iniciar una discusión nacional seria y desapasionada sobre el futuro del petróleo en el Perú.

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LEYES NEFASTAS Y CONGRESO DESLEGITIMADO. CONTRAPROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Malos momentos para los promotores públicos y privados de la aprobación de una ley de hidrocarburos tan nefasta como lobbista, que declaraban a los cuatro vientos su optimismo, envalentonados y seguros de una ágil aprobación en el Congreso. Los vertiginosos acontecimientos políticos acaecidos en la segunda semana de octubre, entre los que destacan: la detención de Keiko Fujimori, acusada de participación en una trama delincuencial dirigida a la captación de fondos ilícitos para capturar el poder en el Perú; la desestimación de la destitución e inhabilitación por 10 años del Fiscal de la Nación, acusado constitucionalmente por delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico; y la aprobación acelerada de la ley de ejecución humanitaria de la pena, en 48 horas, que evitaría el reingreso a la cárcel a Alberto Fujimori y permitiría liberar a la cúpula fujimorista, actualmente encarcelada, del cumplimiento de sus penas; cubren con un velo de incertidumbre la rápida aprobación de una ley descaradamente entreguista y lesiva para los intereses del Perú. Un Congreso cuya mayoría fujimorista y ex-fujimorista protege a delincuentes y corruptos, y aprueba una ley para evitar el reingreso a la cárcel a su líder histórico, sentenciado por homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado, corrupción y usurpación de funciones, está absolutamente deslegitimado para discernir sobre una ley de hidrocarburos tan trascendente para el futuro de Perú. Fuerza Popular, la fuerza mayoritaria en el Congreso peruano, ha sentenciado moralmente a las débiles e inestables organizaciones políticas peruanas por muchos años. En el ideario popular se empieza a reconocer a los partidos políticos como asociaciones ilícitas para delinquir, una triste realidad de la política peruana. El Congreso, que alberga a un conjunto de organizaciones ilícitas para delinquir, representa el triste ejemplo de degradación moral terminal de una casta política que debería ser desterrada de los ejes de poder del Estado peruano. En cualquier caso, la probable paralización de la discusión y aprobación de la ley de hidrocarburos, debido a las turbulencias políticas y a la deslegitimación de la casta política nacional en el Congreso, proporciona a las asociaciones de las comunidades amazónicas y de los pescadores artesanales así como a las asociaciones de defensa medioambiental un tiempo precioso para elaborar y presentar una contrapropuesta a la nefasta ley de hidrocarburos, que aborde la entrega de los lotes en explotación a finalizar a PetroPerú y exija una moratoria de la explotación de crudo en la selva y en el mar peruano hasta la aprobación de una ley de ordenamiento territorial y la creación de zonas reservadas de protección del mar pacífico tropical peruano.

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EL FUTURO DEL PETRÓLEO: UN FUTURO DE RIESGO

Una de las ideas más infundadas que pretenden posicionar los defensores criollos del extractivismo fundamentalista es que el Perú debe basar el futuro de su seguridad energética en la exploración y explotación de petróleo hasta la extracción del último barril económicamente rentable. Sobran las razones para rechazar frontalmente está absurda idea, más aún, en un país que nunca ha dispuesto importantes volúmenes de extracción de crudo y, que además, está abocado por siempre a ser un importador de petróleo, bajo la actual política energética existente. Los defensores locales de la extracción de la última gota de petróleo de la selva y de la costa norte a mínimas regalías, una sospechosa amalgama de ex-viceministros de energía, representantes de asociaciones privadas del sector petrolero y presidentes de Perúpetro, desconocen o premeditadamente obvian las preocupantes señales internacionales de evolución del sector petrolero a escala global. Un adecuado análisis de la situación geo-energética y económica de la situación invita seriamente a reflexionar sobre la necesidad de elaborar e implementar una estrategia nacional de despetrolización de la economía nacional, asociada a una moratoria de exploración en la selva peruana y en el mar del Perú, y a la implementación de una política de ordenamiento territorial, que garantice la protección de los derechos a una vida digna de los pescadores artesanales y las comunidades amazónicas frente a la potencial contaminación de sus territorios ancestrales y ante la negativa de las empresas extractivas públicas y privadas de remediar los pasivos medioambientales existentes.

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EL FANTASMA DE PPK EN LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS

A lo largo del mes de octubre, en el Congreso del Perú, se discutirá el dictamen en mayoría de la Comisión de Energía en relación a la nueva Ley de Hidrocarburos. En primer lugar, la propuesta de ley es una desagradable herencia del casi vacado y defenestrado PPK, un consumado lobbista energético y olvidadizo ex-Presidente de sus negociados ilegales, cuya sombra de corrupción y contrastado entreguismo está interiorizada en esta nueva Ley de Hidrocarburos. Por otro lado, la nueva Ley de Hidrocarburos responde a intereses estrictamente económicos de algunas empresas petroleras privadas, preocupadas por ampliar la explotación de lotes con reservas probadas hasta la extinción del recurso, y cuyo desinterés en realizar inversiones exploratorias ha provocado la reducción de las reservas probadas y el incremento del déficit nacional de la balanza comercial de hidrocarburos, que en el año 2018 superará los 4000 millones de dólares, debido al incremento del precio internacional del crudo experimentado entre finales del año 2016 y octubre de 2018. Finalmente, es una ley muy desubicada que no se encuadra en un impostergable e inexorable proceso de despetrolización del Perú y dentro de un marco normativo de ordenamiento territorial de la Amazonía peruana, que permita garantizar la defensa de los derechos de las comunidades amazónicas e integrar la ocupación y explotación de los recursos naturales en estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo.

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ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR PETRÓLEO

En los dos últimos años, se ha desarrollado, por parte del MINEM, Perúpetro y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMEP, una coordinada campaña de promoción de la reducción de las regalías y ampliación de los contratos hasta el agotamiento de las reservas de los lotes petroleros. Se olvida, fácilmente, que la reducción de la producción nacional es resultado del fracaso de la privatización del sector petrolero, por su vocación expoliadora y no exploratoria de los lotes marginales existentes y nulo interés en búsqueda de nuevas reservas. Además, el natural comportamiento geológico de los yacimientos petroleros peruanos que se agotan paulatinamente, descrito magistralmente el siglo pasado por el geólogo americano Martin King Hubbert, condiciona el ritmo de producción nacional a unos límites físicos perfectamente definidos. Otra de las explicaciones de los defensores de la reducción de regalías es que el país está sub-explorado, y por tanto, es necesario explorar hasta el último metro cuadrado de la selva y del mar peruano en búsqueda del oro negro. Eso sí ni una sola palabra del impacto socio-ambiental en las comunidades amazónicas durante decenas de años de explotación, además, de la miseria y pobreza que asola a esas poblaciones. La incestuosa relación entre organismos públicos y asociaciones privadas, cohesionadas en defensa de los intereses de grupos económicos privados y presión mediática ha finalizado con el dictamen favorable de la Comisión de Energía del Proyecto de Ley 2145/2017. Los interesados defensores de las inversiones privadas creen religiosamente que la producción de crudo nacional se incrementará mágicamente gracias a la aprobación de la nueva ley. Sin embargo, las inversiones siguen un patrón asociado a la evolución del precio internacional del crudo, y por tanto, un mero interés comercial de maximización de ganancias y nulo interés por el desarrollo local o en garantizar la supuesta seguridad energética del país.

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PERÚPETRO Y LA TENTADORA CONFUSIÓN DE SUEÑOS Y REALIDAD

Desde el año 2017, Perúpetro intenta posicionar la ilusionante idea de que la producción nacional de crudo podría alcanzar un millón de barriles diarios, según información que la empresa proporciona en sus periódicas presentaciones oficiales. Para alcanzar el desproporcionado sueño del millón de barriles diarios, Perúpetro impulsa una reforma del sector hidrocarburos, basado en los siguientes pilares:

  • La elaboración de un nuevo marco normativo que permita modificar los términos contractuales existentes, reduciendo las regalías y maximizando los periodos de exploración y explotación de los lotes, así como agilizando la obtención de permisos y licencia.

  • La asignación de nuevas funciones a Perúpetro, como por ejemplo, la administración de las reservas de hidrocarburos, la evaluación del potencial de hidrocarburos y las gestión de reservorios

  • La elaboración de un Plan Nacional de Hidrocarburos que establezca metas de producción, reservas e inversión a mediano y largo plazo.

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REFINERÍA DE TALARA y ESTRATEGIA PETROLERA NACIONAL

El sector petrolero peruano afronta un escenario actual, local e internacional, complejo. La producción de crudo local se ha reducido significativa y constantemente en los últimas décadas, a pesar de los tres ciclos de incremento de precios experimentados entre 2000 y 2017. La entrega de la explotación a empresas privadas de un recurso fósil estratégico para el funcionamiento de la economía nacional, en su concepción actual, ha reducido sustancialmente la renta petrolera del Estado peruano, y por tanto, la capacidad de redistribuir los ingresos económicos obtenidos de la comercialización de un recurso natural de todos los peruanos. El grave impacto medioambiental de las actividades petroleras y la escasa percepción de la mejora de los niveles de vida de las poblaciones adyacentes a las explotaciones petroleras ha generado una inocultable resistencia social, que afecta seriamente a las nuevas inversiones en exploración y explotación. La falta de descubrimientos de importantes yacimientos de petróleo y el crecimiento económico del país, en los últimos años, ha incrementado la brecha entre producción de crudo y consumo de derivados, agudizando la dependencia fósil exterior del país e introduciendo un preocupante riesgo en el suministro energético nacional. El fortalecimiento empresarial de PetroPerú, reflejados en la modernización de la refinería de Talara y el retorno de la empresa estatal a las actividades de exploración y explotación en los lotes 64 y 192, refuerza el planteamiento de un nuevo rol de la participación del Estado peruano en el sector petrolero. Los condicionantes anteriormente mencionados obligan a replantear la estrategia nacional petrolera dentro de una perspectiva a largo plazo de transición energética hacia un modelo energético sostenible, despetrolizado, respetuoso con el medio ambiente y la biodiversidad de amplias zonas del territorio peruano. Por otro lado, un análisis riguroso de la coyuntura actual y la evolución futura del sector petrolero internacional permite deducir la aparición de un horizonte de comparativamente elevados precios del petróleo, con el riesgo imprevisible de eventuales periodos de precios reducidos. Los acuerdos alcanzados en noviembre del año entre los países productores de petróleo pretende garantizar precios estables del crudo en el rango de 60-80 dólares, precios superiores implicaría el inicio de un proceso de destrucción de la demanda.

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REGALÍAS DEL LOTE 192: LA COYUNTURA MUNDIAL y NACIONAL

En noviembre del año 2017, el gobierno del cuestionado, con nula credibilidad, y casi vacado PPK envió el Proyecto de Ley 2145/2017 al Congreso, que propone la revisión y actualización de la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo de revitalizar el maltrecho sector petrolero nacional. Lamentablemente, una visión soberana y respetuosa con el medio ambiente, así como una coyuntura internacional de evolución de los precios del crudo, introduce serios cuestionamientos a las modificaciones y alcances de la nueva ley propuesta. El Proyecto de Ley es, fundamentalmente, un absurdo intento de entregar a PeruPetro atribuciones y funciones de decisión sobre la prorroga de contratos y asuntos medioambientales, que son competencias de otros organismos estatales. Por tanto, es esperable una avalancha de reclamaciones de diferentes organismos públicos y organizaciones sociales. Este artículo, no obstante, se centra en desvelar la inconsistencia económica de modificar los porcentajes de regalías de las concesiones petroleras en un periodo alcista del precio del crudo. Las modificaciones de las regalías, en un periodo de elevados precios del petróleo, resultan económicamente injustificadas y onerosas para las poblaciones cercanas a las zonas de explotación petrolera, para los gobiernos regionales y para el Estado peruano.

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SOBREOFERTA DIESEL, LA AMENAZA DEL NES Y LA OPCIÓN DEL NER

Los escándalos de sobornos y coimas para la obtención de contratos, desvelados por fiscales brasileños, condicionó los prestamos del sistema bancario a Odebrecht, empresa corrupta y corruptora, para proyectos de infraestructura en diferentes países. En el plano local, en agosto del año 2016, el Contralor General del Estado advirtió sobre la existencia de irregularidades en el proceso de concesión del contrato de licitación del gasoducto sur peruano, que ponían en riesgo la ejecución del mencionado proyecto. Entre las irregularidades indicadas destacan: la existencia de una oferta inferior del postor Gasoducto Peruano del Sur a la propuesta ganadora en 136 millones de dólares; un estudio económico-financiero que no sustentó adecuadamente las reservas de gas; la sospecha de que presuntos funcionarios involucrados pertenecerían a ProInversión y a Ministerios del gobierno de Ollanta Humala; además, se desestimó la propuesta de un participante en el proceso por criterios no especificados en las bases del concurso. En enero del año 2017, el incumplimiento del consorcio GSP en obtener el cierre financiero causó la paralización de la construcción del ducto de transmisión de gas desde los yacimientos de Camisea hasta las centrales térmicas del Nodo Energético del Sur, NES. El descubrimiento de corruptelas alrededor de la licitación y posterior anulación del contrato de construcción del GSP ha dibujado una nueva realidad en el sector energético peruano. Un antes y un después. Antes, se había posicionado la idea de la existencia de un exceso de sobreoferta de potencia en el SEIN, puesto que el GSP garantizaba la conversión de los 2000 MW del NES de diesel a gas. Después, un serio riesgo de imposibilidad de conversión del NES de diesel a gas, en al menos 5 años, desvela la amenaza latente de quemar combustible diesel, caro y muy contaminante, para la generación de energía eléctrica y con un previsible grave impacto en la competitividad sistémica del país. La paralización de la construcción del GSP hace realidad la sobreoferta de potencia. Sí, pero de potencia instalada diesel, ineficiente técnica y económicamente, innecesaria y peligrosa para los objetivos de crecimiento y seguridad económica del Perú. Por tanto, para minimizar la amenaza del NES a la estabilidad económica del país es imperativo reemplazar la energía generable en el NES por sistemas renovables, tanto gestionables – solar termoeléctricas, hidráulicas, biomasa y geotérmicas – como no gestionables optimizadas – eólicas y solar fotovoltaica con sistemas de almacenamiento, localizados en el sur del país.

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LORETO: ESTRATEGIA REGIONAL POST-PETRÓLEO

El aislamiento geográfico de la Región Loreto explica que sea la región del país más dependiente de los derivados del petróleo. El transporte – terrestre, fluvial y aéreo –, la generación eléctrica y el GLP para usos domésticos, comerciales e industriales están directamente relacionado con la ingesta fósil. El Estado peruano apuesta por la conexión eléctrica de Iquitos al SEIN a través de la Linea de Transmisión Eléctrica de Alta Tensión Moyobamba-Iquitos. Una propuesta sin apoyo de las comunidades amazónicas, que no serán beneficiadas por la existencia de la línea eléctrica, pero que implica un gravísimo e irreparable impacto medioambiental para sus actividades económicas. El trazado de la línea requiere una servidumbre de paso, conformada por la distancia entre los conductores extremos más la denominada distancia de seguridad, que elimine el riesgo de avería debido a la caída de algún árbol sobre la línea de transmisión. Por tanto, existirá un pasillo de servidumbre que se convertirá en una autopista para traficantes de tierra y madera, o simplemente invasores en búsqueda apropiarse de territorio para actividades agrícolas y ganaderas. En este articulo se propone una estrategia energética regional post-petróleo para la Región Loreto, que evite la construcción de infraestructuras asociadas a un irreversible impacto medioambiental y social para las comunidades amazónicas.

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