PERUPETRO, PETRÓLEO Y DESINFORMACIÓN EN TUMBES

El 5 de junio del presente año, Perupetro publicó en su portal una alerta en relación a la existencia de una indignante campaña de desinformación, orquestada por un maléfico grupo de opositores y enemigos de la inversión en el país. El gran desinformado parece ser Perupetro pues no aporta datos convincentes de la maligna campaña de desinformación. La aprobación por parte del Gobierno peruano de la firma del contrato de licencia de exploración y explotación, mediante el Decreto Supremo 012-2019 EM del 30 de abril del año 2019, implica la entrega de más de 500 km2 del Mar de Grau a las actividades exploratorias de hidrocarburos en una zona de especial riqueza y biodiversidad marina, introduciendo un innecesario riesgo a las actividades pesqueras en el litoral de Tumbes. Perupetro argumenta la inocuidad de las actividades exploratorias de petróleo y gas en Tumbes por la distancia de las futuras plataformas: 5 millas. Probablemente desconoce Perupetro que un derrame de petróleo no sabe de distancias y límites humanos y se moverá indistintamente en función de las mareas, destrozando toda vida marina que encuentre en su camino. Un absurdo riesgo que deberá ser asumido por los pesqueros artesanales y los pobladores de la costa de Tumbes. Por otro lado, Perupetro informa que la explotación de hidrocarburos existe en Tumbes desde hace 20 años y ha reportado ni más ni menos que 1500 millones de soles en canon en los últimos 10 años, un promedio de 12 millones 500 mil soles al mes, frente a unos 10 millones 500 mil soles en valor agregado, obtenidos del desembarque de productos hidrobiológicos en puertos y caletas de Tumbes, en promedio mensual, entre los años 2008 y 2016. En Perupetro no preocupan mucho por entender que el petróleo es un negocio fugaz y con demasiado riesgo para los pescadores tumbesinos. El negocio petrolero no parece ser un negocio rentable y compatible con las actividades pesqueras en Tumbes. Además, un derrame podría canibalizar, por no decir destruir, durante años, un negocio tan rentable como la pesca y afectar la estabilidad económica de centenas de pesqueros artesanales.

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IQUITOS: SISTEMAS RENOVABLES Y ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO

El 23 de noviembre del año 2018, por Resolución Ministerial del MINEM, se creó una Comisión Sectorial con el objetivo de formular propuestas para garantizar el desarrollo energético integral y sostenible de la Región Loreto. Asimismo, en el Segundo Simposio de Energías Renovables, organizado por la Universidad de Piura, en diciembre del año pasado, el Presidente del COES indicó la necesidad de profundizar y analizar la información existente sobre proyectos de integración de instalaciones renovables con almacenamiento energético en el SEIN. La presente propuesta responde al desafío planteado por el Presidente del COES y proporciona información de interés para la Comisión Sectorial de Desarrollo Energético Integral y Sostenible de la Región Loreto en relación al diseño e implementación de un sistema renovable de generación eléctrica con almacenamiento energético en baterías en la ciudad de Iquitos. En un anterior artículo se describió la propuesta del diseño e implementación en Iquitos de un sistema de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de sistema de generación solar fotovoltaico con almacenamiento de energía. El sistema de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, con 15 MW de potencia instalada, suministraría energía en base, mientras que la central solar fotovoltaica, con una potencia instalada de 180 MW y un sistema almacenamiento de energía de 90 MW-4 horas, se encargaría del seguimiento horario de la demanda eléctrica a lo largo del día. El sistema anteriormente indicado se podría combinar con la integración masificada de pequeños sistemas fotovoltaicos en edificios públicos, residenciales, comerciales e industriales de la ciudad de Iquitos, permitiendo reducir la potencia instalada de una gran instalación fotovoltaica centralizada. Sin embargo, la mencionada propuesta de integración solar fotovoltaica distribuida será desarrollada en otro artículo.

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VOLUNTARISMO ESTATAL Y COLAPSO DEL ENLACE CENTRO-SUR

El desquiciado voluntarismo intervencionista estatal ha trastornado el normal comportamiento del sistema eléctrico peruano en los últimos años. Para muestra un botón: en noviembre del año 2018, el coste marginal promedio mensual de la energía eléctrica en barras del SEIN fue de 7,87 $/MWh, sencillamente inaceptable para cualquier mercado eléctrico normal. El intervencionismo estatal no se asocia a la defensa de los intereses de las naciones y pueblos del Perú si no más bien se aboca a la generación de un capitalismo de amigotes o a la construcción de una hegemonía concentrada de poder empresarial en diferentes sectores estratégicos. En el caso del sector eléctrico peruano, el Estado peruano promocionó la construcción de reservas de emergencia, reservas frías y del Nodo Energético del Sur, NES, con una potencia instalada de 210 MW, 1036 MW y 1335 MW, respectivamente. 1581 MW de potencia instalada térmica trasladados al consumidor con cargos especiales a la demanda en la tarifa. Negocios redondos que garantizan un ingreso fijo por potencia a las empresas propietarias de las centrales térmicas de gas/diesel de emergencia, reserva fría o del NES. En este sentido, el voluntarismo estatal ha promovido la aparición de un exceso de potencia instalada eficiente, desde el punto de vista de operación del sistema eléctrico, pero absolutamente ineficiente desde el punto de vista de operación económica. La generación eléctrica en centrales térmicas diesel simplemente sería extraordinariamente oneroso para los usuarios finales y para la competitividad económica del Perú. Una reserva diesel de potencia instalada físicamente existente pero operativamente inadmisible, y por tanto, inutilizable a efectos prácticos para el SEIN. Por tanto, se debería considerar seriamente la necesidad de reemplazar la función de las centrales térmicas diesel por tecnologías renovables más económicas como las centrales solares termoeléctricas, con una capacidad operativa comparable a los sistemas térmicos convencionales. La existencia de centrales térmicas a diesel en el SEIN, con cargo a la tarifa, que no deberán funcionar nunca, ni en los eventos más inesperados, es el coste económico que deberá pagar el usuario eléctrico por el incompetente y desquiciado voluntarismo estatal en construir un capitalismo de amigotes. El estrepitoso fracaso del intervencionismo estatal reflejado en la construcción del NES y su pernicioso impacto en el funcionamiento del sector eléctrico peruano no detiene a los voluntariosos funcionarios del MINEM, que no cesan en su obsesión de relanzar el Gasoducto Sur Peruano, en un nuevo formato. Sin embargo, el objetivo final es el mismo: garantizar la participación del Estado en la construcción de un ducto que suministre gas natural a las desahuciadas centrales térmicas diesel del NES. ¿Por qué el Estado peruano muestra tanta preocupación e invierte tanto tiempo y recursos en un negocio estrictamente privado?, Quizás subsidiar los negocios privados de las empresas mineras con inversiones estatales.

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ARITMÉTICA DEL GAS DE CAMISEA. UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA FORZADA

El 28 de agosto del presente año, en la 16va Conferencia “La Hora del Gas”, Perúpetro presentó la ponencia “Potencial de Reservas Probadas y Probables e Iniciativas para la Promoción de Inversiones”, en la que expuso datos de evolución de las reservas y producción de gas natural en el Perú. Un análisis de la información proporcionada desvela una situación compleja en el Perú en relación al horizonte futuro de explotación de gas natural. Al nivel de consumo local actual de gas natural, el Lote 88 de Camisea podría suministrar energía al sector residencial, industrial, vehicular y de generación eléctrica por un periodo máximo de 22 años, considerando un ligero aumento local de gas natural. En el análisis no se incluye el volumen reservado de gas natural para la exportación ni las reservas descubiertas en el Lote 58 por la compañía china estatal CNPC. Los 2,65 TCF, considerados como reservas probadas, aunque inicialmente se descubrieron 3,9 TCF, en calidad de recursos contingentes, pertenecen a la empresa china CNPC. A día de hoy no existe acuerdo o documento alguno que certifique que el gas del Lote 58 será dedicado al consumo interno, exportación o a la petroquímica. Por otro lado, Perúpetro presenta una evolución de la producción de gas natural, que alcanzaría un punto máximo en el año 2029, es decir, en poco más de 10 años, considerando un significativo aumento de la demanda local de gas en la próxima década. El horizonte de gas natural desvelado por Perúpetro obliga a reflexionar sobre la importancia de elaborar una estrategia nacional de transición energética que permita sustituir el consumo de gas natural en el Perú en menos de 15 años. Una encomiable tarea que deberá abordar la futura generación de peruanos.

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CLAVES PARA UN DEBATE SOBRE EL FUTURO DEL PETRÓLEO EN EL PERÚ

La cambiante situación política nacional condiciona seriamente un debate inaplazable sobre el futuro del petróleo en el Perú. El 31 de octubre del año 2018 se recordará como el día en que la sucesora de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fue sentenciada a 36 meses de prisión preventiva bajo la acusación de dirigir una organización criminal para delinquir, enquistada en el partido político Fuerza Popular. En este sentido, en el Congreso peruano existe una mayoría perteneciente a un partido político cuya cúpula está acusada de actividades delictivas dirigidas a obtener financiación ilegal para capturar el poder. En este ambiente nauseabundo y pestilente del Congreso peruano se pretende aprobar la Ley de Hidrocarburos, promovida precisamente por representantes de un partido político deslegitimado y con un capital político ínfimo, después de los resultados de las últimas elecciones regionales. En este sentido, la primera reivindicación de los diferentes actores implicados en las actividades petroleras es la paralización de la discusión de la propuesta existente en el Congreso, que sólo representa la visión de las empresas privadas petroleras; y la realización de un debate nacional sobre el futuro de las actividades petroleras en el Perú, enmarcado en una propuesta de transformación del modelo energético actual a largo plazo hacia un modelo renovable y respetuoso con el medio ambiente. Sería realmente un absurdo que un Congreso, deslegitimado por una mayoría parlamentaria perteneciente a un partido político, cuya dirección nacional es acusada de conformar una organización mafiosa para delinquir, pueda simplemente discutir una ley sobre hidrocarburos, y menos aún aprobarla. Las organizaciones sociales de la Amazonía peruana y los gremios de pescadores artesanales deberían exigir el archivo del actual formato de la Ley de Hidrocarburos, aprobada por dictamen en mayoría de Fuerza Popular en la Comisión de Energía del Congreso, por no responder a los intereses del Perú. En un periodo de convulsión política y deslegitimación de partidos políticos es necesario iniciar una discusión nacional seria y desapasionada sobre el futuro del petróleo en el Perú.

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LEYES NEFASTAS Y CONGRESO DESLEGITIMADO. CONTRAPROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Malos momentos para los promotores públicos y privados de la aprobación de una ley de hidrocarburos tan nefasta como lobbista, que declaraban a los cuatro vientos su optimismo, envalentonados y seguros de una ágil aprobación en el Congreso. Los vertiginosos acontecimientos políticos acaecidos en la segunda semana de octubre, entre los que destacan: la detención de Keiko Fujimori, acusada de participación en una trama delincuencial dirigida a la captación de fondos ilícitos para capturar el poder en el Perú; la desestimación de la destitución e inhabilitación por 10 años del Fiscal de la Nación, acusado constitucionalmente por delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico; y la aprobación acelerada de la ley de ejecución humanitaria de la pena, en 48 horas, que evitaría el reingreso a la cárcel a Alberto Fujimori y permitiría liberar a la cúpula fujimorista, actualmente encarcelada, del cumplimiento de sus penas; cubren con un velo de incertidumbre la rápida aprobación de una ley descaradamente entreguista y lesiva para los intereses del Perú. Un Congreso cuya mayoría fujimorista y ex-fujimorista protege a delincuentes y corruptos, y aprueba una ley para evitar el reingreso a la cárcel a su líder histórico, sentenciado por homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado, corrupción y usurpación de funciones, está absolutamente deslegitimado para discernir sobre una ley de hidrocarburos tan trascendente para el futuro de Perú. Fuerza Popular, la fuerza mayoritaria en el Congreso peruano, ha sentenciado moralmente a las débiles e inestables organizaciones políticas peruanas por muchos años. En el ideario popular se empieza a reconocer a los partidos políticos como asociaciones ilícitas para delinquir, una triste realidad de la política peruana. El Congreso, que alberga a un conjunto de organizaciones ilícitas para delinquir, representa el triste ejemplo de degradación moral terminal de una casta política que debería ser desterrada de los ejes de poder del Estado peruano. En cualquier caso, la probable paralización de la discusión y aprobación de la ley de hidrocarburos, debido a las turbulencias políticas y a la deslegitimación de la casta política nacional en el Congreso, proporciona a las asociaciones de las comunidades amazónicas y de los pescadores artesanales así como a las asociaciones de defensa medioambiental un tiempo precioso para elaborar y presentar una contrapropuesta a la nefasta ley de hidrocarburos, que aborde la entrega de los lotes en explotación a finalizar a PetroPerú y exija una moratoria de la explotación de crudo en la selva y en el mar peruano hasta la aprobación de una ley de ordenamiento territorial y la creación de zonas reservadas de protección del mar pacífico tropical peruano.

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EL FUTURO DEL PETRÓLEO: UN FUTURO DE RIESGO

Una de las ideas más infundadas que pretenden posicionar los defensores criollos del extractivismo fundamentalista es que el Perú debe basar el futuro de su seguridad energética en la exploración y explotación de petróleo hasta la extracción del último barril económicamente rentable. Sobran las razones para rechazar frontalmente está absurda idea, más aún, en un país que nunca ha dispuesto importantes volúmenes de extracción de crudo y, que además, está abocado por siempre a ser un importador de petróleo, bajo la actual política energética existente. Los defensores locales de la extracción de la última gota de petróleo de la selva y de la costa norte a mínimas regalías, una sospechosa amalgama de ex-viceministros de energía, representantes de asociaciones privadas del sector petrolero y presidentes de Perúpetro, desconocen o premeditadamente obvian las preocupantes señales internacionales de evolución del sector petrolero a escala global. Un adecuado análisis de la situación geo-energética y económica de la situación invita seriamente a reflexionar sobre la necesidad de elaborar e implementar una estrategia nacional de despetrolización de la economía nacional, asociada a una moratoria de exploración en la selva peruana y en el mar del Perú, y a la implementación de una política de ordenamiento territorial, que garantice la protección de los derechos a una vida digna de los pescadores artesanales y las comunidades amazónicas frente a la potencial contaminación de sus territorios ancestrales y ante la negativa de las empresas extractivas públicas y privadas de remediar los pasivos medioambientales existentes.

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EL FANTASMA DE PPK EN LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS

A lo largo del mes de octubre, en el Congreso del Perú, se discutirá el dictamen en mayoría de la Comisión de Energía en relación a la nueva Ley de Hidrocarburos. En primer lugar, la propuesta de ley es una desagradable herencia del casi vacado y defenestrado PPK, un consumado lobbista energético y olvidadizo ex-Presidente de sus negociados ilegales, cuya sombra de corrupción y contrastado entreguismo está interiorizada en esta nueva Ley de Hidrocarburos. Por otro lado, la nueva Ley de Hidrocarburos responde a intereses estrictamente económicos de algunas empresas petroleras privadas, preocupadas por ampliar la explotación de lotes con reservas probadas hasta la extinción del recurso, y cuyo desinterés en realizar inversiones exploratorias ha provocado la reducción de las reservas probadas y el incremento del déficit nacional de la balanza comercial de hidrocarburos, que en el año 2018 superará los 4000 millones de dólares, debido al incremento del precio internacional del crudo experimentado entre finales del año 2016 y octubre de 2018. Finalmente, es una ley muy desubicada que no se encuadra en un impostergable e inexorable proceso de despetrolización del Perú y dentro de un marco normativo de ordenamiento territorial de la Amazonía peruana, que permita garantizar la defensa de los derechos de las comunidades amazónicas e integrar la ocupación y explotación de los recursos naturales en estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo.

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ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR PETRÓLEO

En los dos últimos años, se ha desarrollado, por parte del MINEM, Perúpetro y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMEP, una coordinada campaña de promoción de la reducción de las regalías y ampliación de los contratos hasta el agotamiento de las reservas de los lotes petroleros. Se olvida, fácilmente, que la reducción de la producción nacional es resultado del fracaso de la privatización del sector petrolero, por su vocación expoliadora y no exploratoria de los lotes marginales existentes y nulo interés en búsqueda de nuevas reservas. Además, el natural comportamiento geológico de los yacimientos petroleros peruanos que se agotan paulatinamente, descrito magistralmente el siglo pasado por el geólogo americano Martin King Hubbert, condiciona el ritmo de producción nacional a unos límites físicos perfectamente definidos. Otra de las explicaciones de los defensores de la reducción de regalías es que el país está sub-explorado, y por tanto, es necesario explorar hasta el último metro cuadrado de la selva y del mar peruano en búsqueda del oro negro. Eso sí ni una sola palabra del impacto socio-ambiental en las comunidades amazónicas durante decenas de años de explotación, además, de la miseria y pobreza que asola a esas poblaciones. La incestuosa relación entre organismos públicos y asociaciones privadas, cohesionadas en defensa de los intereses de grupos económicos privados y presión mediática ha finalizado con el dictamen favorable de la Comisión de Energía del Proyecto de Ley 2145/2017. Los interesados defensores de las inversiones privadas creen religiosamente que la producción de crudo nacional se incrementará mágicamente gracias a la aprobación de la nueva ley. Sin embargo, las inversiones siguen un patrón asociado a la evolución del precio internacional del crudo, y por tanto, un mero interés comercial de maximización de ganancias y nulo interés por el desarrollo local o en garantizar la supuesta seguridad energética del país.

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CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRUDO

En la Región Loreto existen varios lotes en exploración y explotación con un elevado nivel de conflictividad social. En el presente artículo se pretende evaluar el probable impacto de la conflictividad social de los Lotes 39, 64, 67 y 95 en el volumen de producción nacional de crudo. Si en un hipotético caso, las compañías petroleras consiguen superar las trabas burocráticas y la cerrada oposición de organizaciones sociales de Loreto, principalmente, la producción de crudo podría superar una producción promedio diaria de casi 141 mil barriles en unos años. No obstante, debido a la conflictividad social existente en la Región Loreto ante las actividades extractivas parece poco probable que los lotes, anteriormente indicados, puedan alcanzar la máxima producción esperada indicada en un horizonte de 5 años.

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