El Nodo Energético del Sur y el Gasoducto Sur Peruano, GSP, son signos inequívocos de la deriva estratégica estatal en el sector energético. Ambos proyectos tienen un factor común: el riesgo de la inversión es trasladado a los usuarios finales, puesto que por una absurda ley se garantizan por contrato sus ingresos funcionen o no funcionen esas instalaciones. Asimismo, ambos proyectos no encajan, bajo ninguna circunstancia o escenario, dentro de una estrategia renovable de transformación del modelo energético peruano. Además, responden a caprichos electorales de una pareja presidencial mediocre, incompetente, corrupta y desconocedora de realidad energética del país. Gracias al descubrimiento del entramado corrupto de Odebrecht y sus prácticas delictivas, la construcción del GSP se paralizó y se abortó una de las más ingeniosos atracos de la historia energética del Perú y se eliminó una de las más descaradas estafas a los usuarios eléctricos. El aborto del GSP afecta directamente al funcionamiento del Nodo Energético del Sur, puesto que obliga a las centrales térmicas a quemar diesel para la producción de energía eléctrica, introduciendo un riesgo innecesario en el establecimiento de los precios de generación eléctrica. La solución más pragmática para anular la amenaza diesel del esperado incremento del precio de la electricidad es declarar una moratoria al Nodo Energético del Sur: una moratoria diesel. Existen experiencias internacionales de moratorias energéticas, una de las destacables es la moratoria nuclear en España a inicios de los años 80, con la llegada del PSOE y Felipe González al poder.