Los análisis periodísticos sobre el Gasoducto Sur Peruano, GSP, se centran, fundamentalmente, en posicionar dos ideas: exacerbar los sentimientos ciudadanos negativos ante la corrupción de distintos gobiernos del Estado peruano y disuadir a la opinión pública sobre la necesidad de continuar la construcción del GSP hasta el Nodo Energético del sur. Desde otra perspectiva, los dos grandes problemas a abordar en relación al gas natural de Camisea son: la imperiosa necesidad de recuperar la soberanía nacional sobre los recursos gasíferos y la inviabilidad del GSP dentro de una estrategia energética sostenible. La paralización de la construcción del gasoducto, por causas ajenas al Estado peruano, exige analizar con seriedad la viabilidad técnica y rentabilidad económica del gasoducto, en un entorno de reducción de los precios de la generación eléctrica renovable, en las subastas renovables nacionales, y de la falta de descubrimientos de nuevas reservas de gas natural.

Soberanía Nacional de los Recursos Naturales

Entre los años 2001 y 2006, el Estado peruano, en el entonces gobierno de Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia y con orden de captura, promovió y promulgó decretos que introdujeron modificaciones a los contratos de explotación de Camisea. Se inició la trama de la entrega del gas de Camisea, un recurso estratégico clave para el Perú, a oligopolios extranjeros. Se eliminó la consideración de garantizar un horizonte permanente de 20 años para la demanda interna, establecido en la Ley Nº 27133, y se reemplazó por la garantía de un periodo mínimo definido en el contrato. Esta modificación permitió la exportación del 100% de las reservas probadas del Lote 56 a México. Lamentablemente, las reservas del Lote 56 no eran suficientes para abastecer la demanda mexicana, por tanto, era imprescindible, para cerrar el negociado de exportación, liberar las reservas del Lote 88, reservadas al consumo interno.

En junio del 2005, se implementa una ingeniosa y maquiavélica artimaña que permite exportar el gas del Lote 88 – reservado para el consumo interno, complementando las reservas del Lote 56 – y garantizar los términos contractuales de exportación a México. Se modifica la Ley 27133, con la aprobación de la Ley 28552, que desaparece la consideración del horizonte permanente de 20 años y se cambian por el establecimiento de garantías de abastecimiento en términos generales. Se consuma un negociado lesivo y oneroso para el país, promocionado por las élites del gobierno peruano, que garantiza la exportación a terceros países e introduce un riesgo innecesario en el abastecimiento de la demanda interna para la generación de electricidad y masificación del uso doméstico.

El Estado peruano, al entregar la propiedad del gas a oligopolios extranjeros, no es dueño de la molécula, por tanto, no puede establecer un uso estratégico del gas natural, sólo se reserva el derecho de recibir regalías, dentro de su lógica de país primario exportador. El Estado peruano renunció a su capacidad de establecer un uso estratégico del gas en la creación de una industria petroquímica y de direccionar un uso racional y eficiente del gas natural en la generación de energía eléctrica – por ejemplo, sistemas de cogeneración y trigeneración con elevados niveles de eficiencia, en lugar de centrales de ciclo simple o ciclo combinado, con inferior eficiencia relativa. El Estado peruano, con una visión cortoplacista y sin visión estratégica, no estableció unos criterios claros del uso del gas en un horizonte a largo plazo, prefirió promocionar negocios privados de relativamente rápida implementación: generación eléctrica y exportación, en lugar de elaborar un plan de industrialización petroquímica y generación eléctrica eficiente, con participación de la inversión privada y sujeta a regulaciones estatales.

Por tanto, mientras el Estado peruano no recupere la soberanía de los recursos gasíferos, la discusión se centrará en precios de exportación, regalías y renegociación de contratos. La recuperación del gas de Camisea permitirá desplazar la dimensión de la discusión a un proceso de industrialización del gas basado en la industria petroquímica y en una activa participación del Estado en la gestión de los recursos naturales.

La Efímera Ilusión del Gas de Camisea

En septiembre del 2016, la Dirección de Hidrocarburos del MINEM publicó el informe “Anuario Estadístico de Hidrocarburos 2015”, que presenta la evolución de las reservas gas natural en el Perú al 31 de diciembre del 2015. Según el anteriormente mencionado informe, las reservas probadas de gas natural presentan 4 años de reducción continua y, actualmente, apenas supera los 14 TCF, figura 1. Se constata una lenta pero constante reducción de las reservas probadas, probables y posibles de gas natural en los últimos años. A finales del año 2009, las reservas probadas y posibles sumaban unos 26 TCF, figura 1. A finales del año 2015, esas reservas conjuntas no alcanzan los 18 TCF. Entre 2009 y 2015 se comprueba una reducción de 8 TCF entre reservas probadas y probables. En 6 años, las reservas se han reducido en un promedio en 1,2 TCF al año.

Figura 1: Evolución de las reservas de gas natural en el Perú entre enero de 2006 y diciembre del 2015, MINEM.

Según las predicciones del MINEM, la producción de gas natural de Camisea deberá pasar de 1400 MMPC, en el 2015, a unos 2500 MMPC en el 2025, equivalente a pasar de un consumo anual de 0,5 TCF a casi 1 TCF. Si no se encuentran reservas significativas de gas natural, al ritmo de consumo de gas natural propuesto, hacia el año 2025 se habrán consumido unos 8 TCF de los 14 TCF existentes. Así, en el año 2032, el Perú se podría transformar en un importador neto de gas natural, que se deberá comprar a precios internacionales, además, de realizar la inversión necesaria para la regasificación del gas líquido importado, y trasladarlo a las tarifas de los usuarios.

Asimismo, las empresas del sector de exploración del gas natural indican que cada vez es más caro descubrir y certificar significativos volúmenes de gas natural. A finales de octubre del 2016, Pluspetrol informó que en los últimos años realizó una inversión de 600 millones de dólares para añadir apenas 1 TCF y que prefiere realizar inversiones en las estructuras profundas del yacimiento de Camisea, que explorar en zonas adyacentes. Al parecer, el gas natural barato del Perú se acabará tarde o temprano, lo que obligará a sincerar los reducidos precios de la electricidad que ofertan las centrales de ciclo combinado. Además, los elevados precios del gas natural de futuras exploraciones y explotaciones pone en riesgo la viabilidad técnica y la rentabilidad del gaseoducto.

En un horizonte futuro de escasez de gas natural, por la falta de descubrimientos de nuevas reservas, la futura masificación del gas natural para usos domésticos en las grandes ciudades hipotecará a los usuarios urbanos del gas natural a precios elevados de importación y al pago de las infraestructuras de regasificación. Asimismo, no tiene ningún sentido técnico ni económico la construcción de un gasoducto de 1134 kilómetros por 7300 millones de dólares para alimentar los 1500 MW del nodo energético del sur. En conclusión, el gasoducto sur peruano y el nodo energético de sur son un muy mal negocio para el Perú, basado en un curioso y enrevesado concepto de garantía del suministro eléctrico y seguridad energética, que costará miles de millones de dólares a los usuarios eléctricos a través de la tarifa e implicará una grave dependencia de recursos fósiles importados, y por tanto, un incremento innecesario de la tarifa eléctrica, simplemente por satisfacer los sueños de una élite estatal sin visión estratégica energética a largo plazo y profundamente desconocedora de la nuevas coyunturas y tendencias energéticas mundiales: agotamiento de los recursos fósiles, integración eléctrica, gestión inteligente de la demanda, electrificación del transporte y de usos domésticos, reducción de los precios renovables de generación eléctrica e implementación de planes de ahorro y eficiencia energética.

Electrificación Renovable de los Usos Domésticos

En febrero del 2016, en Lima, se realizó la cuarta subasta de tecnologías RER, que desvelaron valores muy competitivos. En promedio, los precios eólicos, solares e hidroeléctricos fueron de 37,49 $/MWh; 47,98 $/MWh; y 46,48 $/MWh, respectivamente, muy por debajo de los precios internacionales para las centrales térmicas de ciclo combinado con gas importado. Exceptuando a las tecnologías de aprovechamiento de residuos urbanos para generar biogás, la evolución de los precios obtenidos en las subastas RER permite afirmar que los parques eólicos, las instalaciones solares y las centrales hidroeléctricas, pueden perfectamente competir entre ellas y ajustar aún más sus ofertas económicas. La mayor limitación al modelo de subasta existente es el reducido valor de energía requerida a subastar, que no responde a las necesidades de un país, con la inexorable necesidad de iniciar un proceso de sustitución del consumo de recursos primarios fósiles en las centrales térmicas de ciclo combinado y de redistribuir la concentración térmica en la zona centro y en el nodo energético del sur.

La vulnerabilidad e insostenibilidad del sistema energético peruano exige la elaboración e implementación de un Plan Nacional de Energías Renovables que permita satisfacer la demanda eléctrica de un sistema de transporte electrificado de personas y mercancías, en las ciudades y entre ciudades; sustituir la generación eléctrica de las centrales de ciclo combinado; y sustituir el consumo de hidrocarburos en los sistemas de cocción y de calentamiento de agua en el sector doméstico. Al año 2015, existe una reserva de potencia instalada de 54% en relación a la máxima demanda anual. Según datos del COES, se deduce que en el Perú hay un exceso de 5190 MW de potencia instalada, en el momento de máxima demanda nacional. Este exceso de potencia instalada se justifica por la posibilidad de severas sequías y, por tanto, garantizar el suministro de energía eléctrica ante la posibilidad de incapacidad de las centrales hidroeléctricas de inyectar energía eléctrica. Es curioso, que esta justificación no incorpora en su análisis la posibilidad de interconexión con el Ecuador y la gestión inteligente de la demanda, sólo analiza el problema de la reserva rodante desde la perspectiva de incrementar la potencia instalada, con absurdos e injustificados nodos energéticos fósiles. En caso de inexistencia de eventos extremos, esa potencia instalada se convierte en potencia ociosa que el usuario deberá pagar en la factura eléctrica.