El sector petrolero peruano afronta un escenario actual, local e internacional, complejo. La producción de crudo local se ha reducido significativa y constantemente en los últimas décadas, a pesar de los tres ciclos de incremento de precios experimentados entre 2000 y 2017. La entrega de la explotación a empresas privadas de un recurso fósil estratégico para el funcionamiento de la economía nacional, en su concepción actual, ha reducido sustancialmente la renta petrolera del Estado peruano, y por tanto, la capacidad de redistribuir los ingresos económicos obtenidos de la comercialización de un recurso natural de todos los peruanos. El grave impacto medioambiental de las actividades petroleras y la escasa percepción de la mejora de los niveles de vida de las poblaciones adyacentes a las explotaciones petroleras ha generado una inocultable resistencia social, que afecta seriamente a las nuevas inversiones en exploración y explotación. La falta de descubrimientos de importantes yacimientos de petróleo y el crecimiento económico del país, en los últimos años, ha incrementado la brecha entre producción de crudo y consumo de derivados, agudizando la dependencia fósil exterior del país e introduciendo un preocupante riesgo en el suministro energético nacional. El fortalecimiento empresarial de PetroPerú, reflejados en la modernización de la refinería de Talara y el retorno de la empresa estatal a las actividades de exploración y explotación en los lotes 64 y 192, refuerza el planteamiento de un nuevo rol de la participación del Estado peruano en el sector petrolero. Los condicionantes anteriormente mencionados obligan a replantear la estrategia nacional petrolera dentro de una perspectiva a largo plazo de transición energética hacia un modelo energético sostenible, despetrolizado, respetuoso con el medio ambiente y la biodiversidad de amplias zonas del territorio peruano. Por otro lado, un análisis riguroso de la coyuntura actual y la evolución futura del sector petrolero internacional permite deducir la aparición de un horizonte de comparativamente elevados precios del petróleo, con el riesgo imprevisible de eventuales periodos de precios reducidos. Los acuerdos alcanzados en noviembre del año entre los países productores de petróleo pretende garantizar precios estables del crudo en el rango de 60-80 dólares, precios superiores implicaría el inicio de un proceso de destrucción de la demanda.

En noviembre del año 2017, el gobierno del cuestionado, con nula credibilidad, y casi vacado PPK envió el Proyecto de Ley 2145/2017 al Congreso, que propone la revisión y actualización de la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo de revitalizar el maltrecho sector petrolero nacional. Lamentablemente, una visión soberana y respetuosa con el medio ambiente, así como una coyuntura internacional de evolución de los precios del crudo, introduce serios cuestionamientos a las modificaciones y alcances de la nueva ley propuesta. El Proyecto de Ley es, fundamentalmente, un absurdo intento de entregar a PeruPetro atribuciones y funciones de decisión sobre la prorroga de contratos y asuntos medioambientales, que son competencias de otros organismos estatales. Por tanto, es esperable una avalancha de reclamaciones de diferentes organismos públicos y organizaciones sociales. Este artículo, no obstante, se centra en desvelar la inconsistencia económica de modificar los porcentajes de regalías de las concesiones petroleras en un periodo alcista del precio del crudo. Las modificaciones de las regalías, en un periodo de elevados precios del petróleo, resultan económicamente injustificadas y onerosas para las poblaciones cercanas a las zonas de explotación petrolera, para los gobiernos regionales y para el Estado peruano.