ElectroPerú es la principal empresa estatal del sector eléctrico peruano. ElectroPerú opera el Complejo Hidroeléctrico del Mantaro, conformado por dos centrales hidroeléctricas en cascada, la central de Santiago Antúnez de Mayolo y la central de Restitución, con una potencia instalada de 798 MW y 210 MW, respectivamente. Además, opera una pequeña central térmica en Tumbes de 18 MW de potencia instalada. Los principales accionistas de ElectroPerú son el Fondo Consolidado de Reservas Provisionales, FCR, y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, con un 85,71% y un 14,29%, respectivamente. Es importante destacar que, en concordancia con el entorno normativo vigente, el FONAFE administra el FCR.

ElectroPerú ha sido excesivamente utilizada por el Estado peruano para garantizar los negocios de empresas energéticas privadas. Por ejemplo, en la construcción del ducto de Camisea a Lima, se obligó a ElectroPerú a firmar un contrato “Take or Pay” de compra firme de gas, que garantizaba un consumo mínimo de 70 millones de pies cúbicos diarios, aproveche o no aproveche ElectroPerú ese gas natural adquirido. Es decir, el Estado peruano obliga a ElectroPerú a asumir actividades de riesgo para garantizar negocios privados. A pesar de las amenazas de privatización y obligaciones de asumir riesgos ajenos, ElectroPerú es una de la empresas estatales más rentables, eficientes y emblemáticas del país, desterrando el dogma neoliberal que sólo la empresas privadas saben gestionar negocios rentables y demostrando que una empresa pública puede perfectamente gestionarse con una adecuada visión empresarial y elevada capacidad técnica.

El Estado peruano ha implementado en los últimos años un creativo modelo de negocio que minimiza los riesgos y garantiza los ingresos de los negocios energéticos privados. Así, en el caso del Nodo Energético del Sur, NES, el Estado a través de un contrato de potencia garantiza el negocio de las empresas dueñas de las centrales térmicas del NES durante un periodo de 20 años. Un Estado regalón que subsidia a las empresas privadas. Otro caso curioso, y por ahora paralizado, es el Gasoducto Sur Peruano, imbricado mafiosamente con el NES, o sea la construcción de un ducto que suministre gas de Camisea a las centrales de NES con cargo a la tarifa de los usuarios. En ese nefasto e injustificable negocio para el Perú, el Estado peruano garantizaba un trasvase de 7 mil 324 millones de los usuarios eléctricos que financia un ducto para las empresas privadas dueñas del NES, equivalente a la inversión y costes de operación y mantenimiento del ducto durante 34 años.

En la actualidad, el destape de las actividades delictivas de Odebrecht en la construcción de infraestructura energética, ofrece al Estado peruano una oportunidad inigualable para resarcir a ElectroPerú de los innecesarios riesgos asignados y fortalecer su actividad empresarial en el sector energético. El Estado peruano, en lugar de jugar a perdona vidas, debería evitar que la empresa corrupta Odebrecht venda sus activos y reestructure sus deudas. En este sentido, el Estado peruano debería intervenir los activos de Odebrecht que garantice el pago de los daños y perjuicios causados por las actividades delictivas de una empresa corrupta y corruptora como Odebrecht. El Estado peruano debe velar por los intereses de los ciudadanos y no por una empresa corrupta que ha hecho negociados lesivos para el Perú y sin preocuparse por los efectos sociales de esos actos delictivos en un país con el 40% de niños anémicos. Odebrecht está muy interesado en vender sus activos, entre ellos se encuentra la central hidroeléctrica de Chaglla. Según información de Odebrecht, existe un acuerdo con una empresa china para vender la central de Chaglla a 1400 millones de dólares. El Estado debería intervenir los activos de una empresa corrupta, que incluso ha amenazado con una demanda para recuperar los bienes de las concesiones, obtenidas con coimas y corruptelas, y así poder negociar en posición de fuerza dentro de una estrategia de obtención de compensaciones por daños y perjuicios, posterior a una estimación real del coste social de la corrupción en el Perú. El Estado no debe permitir a un ladrón vender lo robado y darnos una parte de las ventas que consiga. La central hidroeléctrica de Chaglla debería revertir al Estado y entregarlo para su operación a ElectroPerú como un signo inequívoco de fortalecimiento de la empresa eléctrica estatal.

Las cifras de ElectroPerú

En el año 2016, ElectroPerú suministró el 13,87% del total de energía eléctrica generada en el Perú. ElectroPerú cuenta con dos tipos de clientes principales: las empresas distribuidoras y los clientes libres, quienes adquieren el 34,38% y 57,08%, respectivamente. El 8,54% restante se transfiere al COES a precios spot. Aunque los contratos a largo plazo a empresas distribuidoras y clientes libres reducen la incertidumbre de sus ingresos futuros, la distorsión de los precios del marcado spot por la declaratoria de las generadoras térmicas de un coste de generación cero ha afectado seriamente los ingresos de venta de energía de ElectroPerú. A junio del 2017, los ingresos por venta de energía y potencia a empresas distribuidoras y clientes libres alcanzaron los 269,9 y 336,0 millones de soles, respectivamente, presentando una reducción de 64,6 y 13,9 millones de soles, con respecto al periodo correspondiente al primer semestre del año 2016. En este sentido, las obligaciones de injerencia política a ElectroPerú, relacionadas con los contratos de compra de potencia y energía bajo la modalidad de “Take or Pay”, afectan el equilibrio financiero de la empresa, además de ser un efecto adverso para elevar la calificación de la empresa eléctrica. Así, entre junio de 2016 y junio de 2017, la utilidad bruta de ElectroPerú alcanzó los 232,9 millones de soles. ElectroPerú ha experimentado un ajuste de la utilidad bruta del 30,34%, en el periodo evaluado anteriormente indicado, el margen bruto ha pasado de 48,62% a 25,66%, según el informe diciembre de 2017 de la Clasificadora de Riesgo Equilibrium. La inexistencia de la injerencia política del Estado peruano, a través de ProInversión, en relación a los contratos “Take or Pay”, hubiese significado a ElectroPerú una utilidad bruta de 335,9 millones y un margen bruto de 54,82%.

Las clasificadoras de riesgo como Class & Asociados y Equilibrium, en sus últimos reportes del año 2017, han calificado a ElectroPerú con la categoría AAA y AA+, correspondiente a instituciones con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. Los activos de ElectroPerú se han reducido en el primer semestre del año 2017 en 4,29%, alcanzando los 3811,2 millones de soles, debido a fluctuaciones en el activo circulante. ElectroPerú gestiona su liquidez mediante un contrato de fideicomiso de administración con el Banco de Crédito del Perú para la realización de cobros y pagos operacionales. ElectroPerú rentabiliza adecuadamente sus excedentes de liquidez en inversiones financieras, que a finales de junio de 2017, ascienden a 520 millones de soles, conformada por 434,8 millones de soles en depósitos a plazo fijo, 78,1 millones de soles en depósitos sintéticos y 6,8 millones de soles en fondos mutuos. ElectroPerú no presenta deudas financieras desde el año 2010, cuando canceló la deuda asociada al financiamiento de la construcción del Complejo Hidroeléctrico del Mantaro. El resultado neto de ElectroPerú es de 145,1 millones de soles, con un margen neto de 15,99%, ambos valores inferiores a los presentados 12 meses antes, 203,9 millones de soles y 29,66%, respectivamente.

Finalmente, ElectroPerú cuenta con un Plan Estratégico para el periodo 2017-2021 y con un Plan Multianual de Proyectos de Inversión para el periodo 2017-2028, que prioriza:

– La ampliación de la capacidad instalada, con la construcción del segundo túnel, paralelo al actualmente existente, que permitiría la construcción de la central hidroeléctrica de Mollepata con una potencia instalada de 592 MW.

– La rehabilitación de la capacidad instalada

– La rehabilitación e implementación de infraestructura civil

– La realización de afianzamientos hídricos que garanticen el mínimo riesgo de escasez de agua en las épocas de estiaje y años secos. El proyecto de afianzamiento hídrico implica la construcción de 4 presas de almacenamiento, que permitirán almacenar los excedentes de agua en las épocas de lluvia y aprovecharlos durante los meses de estiaje, entre mayo y octubre, elevando el caudal del río hasta el nivel requerido de 96 m3/seg.

ElectroPerú y la Central Hidroeléctrica de Chaglla

Tal como se indicó en párrafos anteriores, el Estado peruano no dispone de una estrategia integral para la evaluación del coste social real de la corrupción de Odebrecht, y de otras empresas constructoras nacionales y extranjeras, inicialmente, y la posterior ejecución de la reparación del impacto real de la corrupción para la sociedad peruana. El coste de reparación debe superar varios miles de millones de dólares, muy superior a las coimas entregadas por las constructoras corruptas para conseguir los contratos, valoradas en algunas decenas de millones de dólares. Un caso concreto de la pusilanimidad y pasividad del Estado peruano ante las corruptelas de Odebrecht es el caso de la central hidroeléctrica de Chaglla. Según información Odebrecht, ya dispone de un acuerdo con una empresa china dispuesta a pagar 1400 millones de dólares por la mencionada infraestructura. Es decir, el Estado peruano permite que una empresa corrupta como Odebrecht maximice el precio de venta de sus activos en el Perú. Odebrecht habiendo robado y estafado descaradamente a la sociedad y al Estado peruano se permite el lujo de maximizar los futuros ingresos por las ventas de sus activos, infraestructuras cuyos contratos se obtuvieron con corruptelas, coimas y maquinaciones delictivas. En lugar de congelar los activos de Odebrecht, contratar a un gestor que se encargue de esos activos, enjuiciar a esta empresa corruptora por daños y perjuicios, y finalmente proceder a vender los activos de Odebrecht a través de un banco de inversiones, el Estado peruano promulga un decreto de emergencia para que Odebrecht pueda vender sus activos. El mundo al revés, el Estado peruano es madre para los foráneos y madrastra para los suyos.

La central hidroeléctrica de Chaglla, con una potencia instalada de 456 MW y un monto de inversión total de 1247 millones de dólares, entró en operación comercial en septiembre del año 2016. El contrato de suministro de la central de Chaglla dispone de un precio por potencia de 5,95 $/kW‐mes; así como de un precio por venta de energía en horas punta de 54,11 $/MWh y fuera de horas punta igual a 43,64 $/MWh. El traspaso de la central hidroeléctrica de Chaglla a ElectroPerú permitiría incrementar su potencia instalada y fortalecer su actividad empresarial. Además, sería una forma de resarcir el abuso estatal, causado por las pérdidas económicas durante varios años, asociadas a la injerencia política del Estado en la actividad empresarial de ElectroPerú, con los infaustos contratos de “Take or Pay”.

Conclusiones

ElectroPerú es una empresa estatal rentable, eficiente y con elevada capacidad técnica, que es excesivamente empleada por el Estado para minimizar el riesgo de negocios energéticos de empresas privadas. Además, en los últimos años, ElectroPerú ha reducido sustancialmente su utilidad bruta tanto por la injerencia política en su actividad empresarial, que le obliga a asumir onerosos contratos “Take or Pay”, así como por los reducidos precios spot, debido a la declaración de precios de generación cero de las empresas térmicas.

Hoy, el escenario generado por el descubrimiento de las corruptelas de Odebrecht ofrece al Estado peruano una inesperada oportunidad para resarcir el grave daño económico causado a ElectroPerú. El Estado peruano debe iniciar inmediatamente el congelamiento de los activos de Odebrecht y el juicio por daños y perjuicios a esta empresa corrupta. En paralelo, evaluar el coste social de la corrupción de Odebrecht causado al Perú y, finalmente, proceder al cobro de la reparación económica con la venta de los activos de Odebrecht a través de un banco de inversiones. Es una secuencia normal de enjuiciamiento y reparación por daños y perjuicios en cualquier país del mundo que se aprecie y respete, menos el Perú, claro.

El Estado peruano no debe permitir a una empresa, inmersa en hechos delictivos, vender sus activos, maximizando sus ganancias que le permita estructurar sus deudas. El análogo vulgar del comportamiento del Estado peruano es permitir que un ladrón que roba tu casa pueda vender al mejor precio los bienes robados y entregarte una parte de las ventas por los daños y perjuicios causados. Absolutamente absurdo y desquiciado. La central eléctrica de Chaglla es uno de los activos de Odebrecht que debería revertir al Estado peruano en calidad de reparación económica del coste social causado al Perú. La entrega de Chaglla permitirá fortalecer la actividad empresarial de ElectroPerú y resarcir el daño causado por el abuso estatal.