En España, se ha conseguido posicionar un discurso sesgado, falaz, sin rigor técnico e impregnado de medias verdades y completas mentiras sobre la “indiscutible” e “irrefutable” culpabilidad de las energías renovables en el déficit tarifario y de los restantes males del sector eléctrico español. La reforma energética española ha aniquilado, en contados años, al régimen especial y sumido en una profunda crisis, paralización e inseguridad jurídica al sector renovable. La desvergonzada adopción, por parte del Estado español, de los intereses y necesidades del lobby eléctrico se revela en la implementación de mecanismos de rescate a las centrales más contaminantes, en particular, a las centrales de ciclo combinado. El mercado eléctrico liberalizado corre presuroso a refugiarse en las faldas del Estado cuando las cosas están mal avenidas, exigiendo pagos, leyes retroactivas y destrucción de sus competidores limpios. Entre los mecanismos de rescate más alucinantes se encuentra el pago por capacidad. Un dinero asignado a ciertas centrales por el simple hecho de existir. Resulta insultante e indignante en un país de millones de parados, que una tecnología sucia y contaminante cobre por no hacer nada y no producir nada.
