El 30 de octubre del año 2013, las autoridades de PerúPetro defendían ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República una indefendible norma que propone prorrogar los contratos a las empresas privadas que explotan el petróleo de todos los peruanos. En lugar de iniciar un proceso de investigación sobre el fracaso de la política de privatización petrolera y el alcance del desastre económico causado al país por la estrepitosa reducción de la producción petrolera en manos privadas. El organismo estatal pretende premiar el desinterés de las empresas privadas en realizar exploraciones y elevar las reservas existentes, prorrogando los correspondientes contratos por otros 10 años más. Si en 20 años sólo se han dedicado a extraer las reservas probadas del petróleo nacional, generando un déficit de miles de millones de dólares al Estado, quien asegura que en 10 años más no se van a dedicar a hacer más de lo mismo.