LA ESTAFA NEOLIBERAL DEL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL

En enero del 2017, los usuarios españoles pagaron la electricidad más cara de Europa. Las autoridades del sector eléctrico español señalan que la subida de precios se debe a cuestiones meteorológicas, temporal de frío en la península ibérica, que causó un incremento de la demanda, y a un supuesto parón nuclear francés, que no superó el 10% de la potencia eléctrica instalada francesa. Una buena excusa no necesariamente es una buena explicación. El fracaso del modelo eléctrico español no se debe analizar desde una perspectiva coyuntural, al contrario, amerita un serio análisis de la evolución de la estructura de la propiedad del sector energético español. En realidad, el temporal neoliberal anglosajón implementado en Europa en la década de los 80s transformó el modelo económico del régimen dictatorial franquista. Las empresas eléctricas españolas fueron privatizadas y entregadas a precio de costo a emporios económicos y financieros españoles y extranjeros. Sorprendentemente, países como Francia, Alemania e Italia mantienen una elevada participación estatal en un sector estratégico crucial para las actividades socio-económicas y para la seguridad de cualquier país. Sin duda, el fracaso del modelo neoliberal del sector eléctrico español representa un ejemplo clarificador de los riesgos económicos y sociales de entregar sectores estratégicos a manos de grupos oligopólicos, interesados más en el incremento de sus ganancias a niveles de vergonzosa inmoralidad que en garantizar el acceso a la energía a millones de españoles.

Un Sistema Eléctrico Oligopólico Insolidario

El gobierno de José María Aznar del Partido Popular liberalizó el sector eléctrico español en 1999, previamente, en 1996, abordó la privatización definitiva de la mayor empresa eléctrica española, ENDESA, que proporcionaba sustanciales beneficios al Estado español. Los ideólogos neoliberales españoles argumentaron que la privatización garantizaría la competitividad del sector eléctrico e implicaría una reducción de los precios de la factura eléctrica, además, facilitaría la entrada a la Unión Europea. Los argumentos neoliberales españoles no fueron adoptados por otros países europeos, así Francia, EDF, Alemania, EoN, e Italia, ENEL, mantuvieron una importante presencia estatal en el sector eléctrico. La tan argumentada competitividad del sector eléctrico español es tan falsa que varias empresas eléctricas españolas han sido sancionadas por prácticas oligopólicas, es decir, precisamente por falta de competitividad y transparencia en el establecimiento de precios, entiéndase, manipulando los precios desde la generación hasta la comercialización. Tan sólo una cifra para sustentar esta afirmación: el precio de la energía eléctrica para el usuario doméstico se ha incrementado en un 70% en los últimos 6 años. En enero se espera, además, un incremento del 26% en la factura de los usuarios acogidos a la tarifa regulada o al PVPC. Un fracaso absoluto de un mercado eléctrico oligopólico al servicio de los intereses de algunos bancos y emporios económicos. La indiscutible existencia de un inocultable interés de las empresas privadas eléctricas en maximizar sus ganancias e inversiones, en contraposición con la necesidad social de garantizar el derecho de acceso a la energía, condiciona la implementación de un mercado eléctrico al cumplimiento de estrictos mecanismos de regulación y periódicas auditorías, que cuanto menos implica la intervención estatal, con un esquema de regulación independiente de las empresas eléctricas, e incluso la directa intervención del Estado y actores sociales en el sector eléctrico a través de empresas públicas y municipales; y cooperativas de usuarios y consumidores de energía.

El sustento del modelo neoliberal eléctrico es cuanto menos discutible. El precio de generación lo establece el ultimo generador que cubre la máxima demanda en una hora determinada. En este desquiciado esquema de establecimiento de precios, los actores del mercado, es decir, las mismas empresas eléctricas de generación y comercialización, en contubernio y complicidad, negocian los precios finales. Así, en el caso español, las centrales nucleares e hidráulicas, construidas hace décadas con dinero público, por tanto, más que amortizadas, presentan costes de generación inferiores a 20€/MWh, pero gracias al mecanismo neoliberal de asignación de precios, han llegado a percibir hasta 100€/MWh. 400% de rentabilidad, la verdadera causa del déficit tarifario español.

Este ilegitimo mecanismo de trasvasar dinero de los usuarios a unas pocas empresas eléctricas está cubierta de un manto de legalidad, denominado liberalización del mercado eléctrico. Legalidad no es legitimidad, una estafa sigue siendo una estafa aunque un Estado funcional a los oligopolios eléctricos españoles legitime, por medio del Boletín del Estado, BOE, esa forma de enriquecimiento ilícito con normas y leyes estatales. El Estado español también se beneficia de un mercado cautivo con la implementación de impuestos a los usuarios y a las empresas eléctricas, en lugar de afectar las exorbitantes ganancias de las centrales nucleares e hidráulicas y de regular con seriedad a un sector concentrado y oligopólico. Adicionalmente, las empresas eléctricas han incrementado su insaciable lucro gracias a una serie de ayudas y beneficios: Costes de Transición a la Competencia, Pago por Capacidad, Aumento del Termino de Potencia de la Factura, etc.

El Estado español ha creado, promovido y protegido una estructura indolente ante sus indefensos ciudadanos, que ha transformado un derecho fundamental de las personas, el acceso a la energía, en una mercancía desde una perspectiva ultra neoliberal y profundamente antidemocrática, insolidaria e insostenible. Un derecho fundamental para el ser humano, el acceso a la energía, en manos de oligopolios insolidarios y sin escrúpulos, negocios privados con fines de lucro satisfaciendo derechos fundamentales, sin regulaciones que favorezcan a los usuarios y con un Estado que defiende los intereses de las empresas eléctricas, en lugar de garantizar y establecer un equilibrio de poder, beneficioso para un país con lacerantes diferencias sociales.

Los Zorros Eléctricos y la Desregulación del Sector

Un mercado eléctrico neoliberal concentrado, indolente y antidemocrático desde sus cimientos teóricos desprende una insoportable animadversión en cada una de sus propuestas y mecanismos, dirigidos exclusivamente a garantizar sus pingües ganancias a costa de la pobreza energética, por no decir miseria energética, de millones de ciudadanos españoles, con dificultades para pagar la factura eléctrica, 20% de la población. Sin considerar, que los salarios medios españoles son dos o tres veces inferiores que los salarios medios de Alemania o Francia. El mercado eléctrico neoliberal español, imperfecto, insolidario y oligopólico, que no establece el precio real de la demanda eléctrica y que basa los precios marginales de la generación eléctrica en el precio de la central eléctrica más cara, se comporta como un clan de grupos mafiosos que extorsiona a sus indefensos clientes, en connivencia con un Estado funcional a sus intereses oligopólicos.

Se presentan algunas de las acciones promovidas por el oligopolio eléctrico para mantener intocable su posición de fuerza ante la sociedad y ejercer su poder antidemocrático en un mercado cautivo y sin competencia real alguna entre los diferentes actores del mercado neoliberal:

  • Persecución renovable: Las empresas eléctricas han posicionado la injustificada y antojadiza idea que los sistemas renovables son los culpables del déficit tarifario español. A solicitud manifiesta de los oligopolios eléctricos, el gobierno de Mariano Rajoy promovió y promulgó el Real Decreto Ley 1/2012, que estableció la moratoria del sector renovable. Además, el gobierno de España estableció por decreto una rentabilidad máxima de los sistemas renovables igual al 7,4%. La estafa asociada al establecimiento de precios marginales, que generan unos exorbitados beneficios a las centrales nucleares e hidráulicas, que han alcanzado hasta un 400% de rentabilidad, sarcásticamente denominados “beneficios caídos del cielo”, no han sido mínimamente mencionados por el gobierno español. La participación de las energías renovables en el mercado eléctrico neoliberal reducen drásticamente los precios horarios en el mecanismo de establecimiento de precios, afectando las ganancias de las empresas eléctricas y reduciendo el déficit tarifario que favorece al oligopolio eléctrico. En este sentido, la motivación de las empresas eléctricas es clara: reducir el impacto de los sistemas renovables en el establecimiento de los precios marginales y minimizar su participación en el sistema eléctrico.

  • Pagos por Capacidad: A solicitud de las empresas eléctricas, el gobierno español ha introducido el pago por capacidad, es decir, para garantizar la recuperación de las inversiones de las empresas eléctricas en ciclos combinados, se establece un pago por garantizar la disponibilidad de las centrales de gas en eventos impredecibles. Este mecanismo no responde a ningún criterio de competitividad y no se entiende con claridad como se establece el precio de pago por capacidad cuando los ciclos combinados presentan diferentes características técnicas, costes de operación, existencia de contratos de suministro de gas y rendimientos. Por otro lado, es muy complicado comprobar si alguna central de ciclo combinado manipula sus niveles de producción eléctrica, no necesariamente por motivos operativos o causas técnicas, lo que podría inducir a una alteración artificial de precios marginales y, por tanto, afectar los precios finales que abonan los usuarios domésticos. La verificación de la disponibilidad de las centrales de ciclo combinado es un elemento fundamental de control que permitirá evitar el fraude económico, determinar el nivel de reserva rodante y garantizar el margen de seguridad del sistema eléctrico.

  • Impuesto al sol: Las empresas de distribución eléctrica, en manos de las grandes empresas oligopólicas, lucharon incansablemente por implementar una normativa que minimice la participación de sistemas renovables fotovoltaicos en las redes de distribución eléctrica, que afecten su posición dominante ante los usuarios domésticos. El gobierno español legisló a su favor y promulgó el Real Decreto 900/2015. Un incomprensible mecanismo legal de paralización de la avalancha prevista de inversiones en el sector fotovoltaico residencial, que ha impedido el incremento de instalaciones solares y por tanto, la reducción de la dependencia española del gas natural foráneo y del precio de la energía eléctrica en horas punta de verano. Adicionalmente, la generación local distribuida proporciona una reducción adicional en pérdidas eléctricas en las redes de distribución de baja tensión. No obstante, la verdadera revolución de la masificación de los sistemas renovables domésticos es que introduce un nuevo actor en el sector eléctrico y democratiza la propiedad de los sistemas de generación eléctrica.

  • Puertas giratorias: Una clara demostración de la degradación democrática española y de la despreciable e incestuosa relación entre el poder político y los oligopolios energéticos españoles, que agradecen a los funcionarios públicos los servicios prestados con suculentos contratos en calidad de asesores en los Consejos de Administración de las empresas energéticas. Ex-Presidentes y ex-Ministros de diferentes gobiernos españoles han utilizado las puertas giratorias sin ninguna impunidad ni remordimiento, entre ellos destacan Felipe González, José María Aznar, Javier Solana, Alberto Nadal, Ana Palacio, Ángel Aceves, Josep Borrel, Ana Cuevas, Pedro Solbes, Elena Salgado, Josu Jon Imaz, etc.

Propuestas de Transformación del Modelo Eléctrico Español

Ante un mercado neoliberal, insolidario y antidemocrático, diversas organizaciones sociales españolas, a través de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, exigen la implementación de un nuevo modelo eléctrico basado en la maximización de los sistemas renovables de generación eléctrica y en la implementación de planes de ahorro y eficiencia energética, así como, en la activa participación de organizaciones sociales y cooperativas de usuarios y consumidores que permita la construcción de un modelo energético colaborativo, solidario, renovable, respetuoso con el medio ambiente y orientado a garantizar el acceso universal de la energía a todos los ciudadanos españoles, en contraposición a la lógica usurera e indecente del mercado neoliberal. Evidentemente, el principal problema que deberá abordar la reforma del sector eléctrico es restablecer el carácter de servicio público del suministro eléctrico, que garantice el acceso universal a la energía a los ciudadanos españoles e inicie el largo proceso de transición energética de un modelo obsoleto, contaminante e insostenible hacia un modelo renovable, eficiente y sostenible a largo plazo.

Entre las principales medidas para reformar el modelo eléctrico actual destacan:

  • Auditoría de costes de generación eléctrica. La realización de una auditoría de los costes y peajes del sector eléctrico permitirá determinar los costes reales de la electricidad y cuantificar la magnitud de la estafa a los usuarios españoles en las últimos décadas. El nuevo modelo eléctrico deberá disponer de un nuevo mecanismo de fijación de precio que refleje el verdadero coste de cada tecnología de generación eléctrica y garantice una retribución asociada a una rentabilidad razonable, por ejemplo, inferior al 7,4%, aplicado a los sistemas renovables. Asimismo, el nuevo mecanismo de fijación de costes deberá eliminar la sobre-remuneración que reciben las centrales hidráulicas y nucleares, así como, justificar los pagos por capacidad en función de criterios técnicos de disponibilidad y revertir el incremento del término de potencia en las facturas eléctricas de los usuarios domésticos.

  • Recuperación de la rol rector del Estado en el sector eléctrico. El Estado por medio de instituciones públicas deberá: garantizar la supervisión de las actividades de las empresas eléctricas reguladas privadas, públicas y cooperativas de generación y de usuarios y consumidores; definir la participación de las diferentes tecnologías de generación eléctrica en función de la seguridad de abastecimiento energético, del impacto en el medio ambiente, la salud y la generación de empleo; determinar el nivel de reserva rodante y el índice de cobertura de la demanda eléctrica con tecnologías renovables y fósiles; establecer un programa de subastas renovables para la construcción de nuevas centrales renovables y un plan de cierre programado de centrales nucleares; desarrollar un entorno normativo que garantice la recuperación de los cobros indebidos realizados por las empresas oligopólicos del sector eléctrico por su posición dominante en el mercado, en complicidad con un Estado funcional a sus intereses.

  • Recuperación de la propiedad y gestión pública de las centrales hidroeléctricas. El Estado español deberá revisar las concesiones hidroeléctricas y subrogarse la gestión de los embalses de agua con criterios de optimización hidroeléctrica que permitan minimizar el coste de la energía eléctrica para los usuarios.

  • Eliminación del impuesto al sol. El Estado español deberá derogar el Real Decreto 900/2015 y establecer un entorno normativo que promocione la masificación de la instalación de sistemas renovables domésticos, industriales y comerciales que democratice la propiedad de los sistemas de generación renovable y su participación activa en el sector eléctrico a través de asociaciones de pequeños generadores eléctricos, así como, de cooperativas de usuarios y consumidores.

  • Reducción del Impuesto al Valor Agregado, IVA. En plena crisis económica, el castigado usuario español, durante décadas de estafa eléctrica, podría atenuar su gasto en la factura eléctrica con una sustancial reducción del IVA, actualmente en el 21%. En algunos países europeos, ya se ha realizado una rebaja sustancial del IVA: 10% en Italia; 6% en Bélgica; y 5% en Reino Unido. Por lo que no parece una medida extravagante.

Como conclusión, el mercado eléctrico neoliberal español, en plena crisis económica, ha causado una situación de pobreza energética en uno de los países con mejor nivel de vida del mundo. La causa principal de esta desesperante situación para millones de ciudadanos españoles ha sido una descarada regulación a favor de los intereses de un reducido grupo de empresas eléctricas, que se ha traducido en un trasvase de renta económica de las grandes mayorías a un oligopolio indecente e insolidario. En la actualidad, diversas organizaciones políticas abogan por la transformación del modelo eléctrico español, priorizando la integración de las energías renovables, la implementación de planes de eficiencia y ahorro energético y democratizando el funcionamiento del sector eléctrico, con la participación de nuevos actores como los propietario de sistemas renovables de generación eléctrica y las cooperativas de usuarios y consumidores.