La cambiante situación política nacional condiciona seriamente un debate inaplazable sobre el futuro del petróleo en el Perú. El 31 de octubre del año 2018 se recordará como el día en que la sucesora de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fue sentenciada a 36 meses de prisión preventiva bajo la acusación de dirigir una organización criminal para delinquir, enquistada en el partido político Fuerza Popular. En este sentido, en el Congreso peruano existe una mayoría perteneciente a un partido político cuya cúpula está acusada de actividades delictivas dirigidas a obtener financiación ilegal para capturar el poder. En este ambiente nauseabundo y pestilente del Congreso peruano se pretende aprobar la Ley de Hidrocarburos, promovida precisamente por representantes de un partido político deslegitimado y con un capital político ínfimo, después de los resultados de las últimas elecciones regionales. En este sentido, la primera reivindicación de los diferentes actores implicados en las actividades petroleras es la paralización de la discusión de la propuesta existente en el Congreso, que sólo representa la visión de las empresas privadas petroleras; y la realización de un debate nacional sobre el futuro de las actividades petroleras en el Perú, enmarcado en una propuesta de transformación del modelo energético actual a largo plazo hacia un modelo renovable y respetuoso con el medio ambiente. Sería realmente un absurdo que un Congreso, deslegitimado por una mayoría parlamentaria perteneciente a un partido político, cuya dirección nacional es acusada de conformar una organización mafiosa para delinquir, pueda simplemente discutir una ley sobre hidrocarburos, y menos aún aprobarla. Las organizaciones sociales de la Amazonía peruana y los gremios de pescadores artesanales deberían exigir el archivo del actual formato de la Ley de Hidrocarburos, aprobada por dictamen en mayoría de Fuerza Popular en la Comisión de Energía del Congreso, por no responder a los intereses del Perú. En un periodo de convulsión política y deslegitimación de partidos políticos es necesario iniciar una discusión nacional seria y desapasionada sobre el futuro del petróleo en el Perú.